El Gobierno tiene programado aprobar en próximas esta o la próxima semana la ley que incluye los cambios pactados con la Unión Europa que cambia las reglas de funcionamiento del mercado  eléctrico durante 12 meses. España y Portugal lograron después de complejas negociaciones fijar un tope al precio del gas para las centrales de ciclo combinado sobre la base de las condiciones excepcionales de la Península Ibérica por su escasa conexión con otros países europeos (no llega al 3%).

Con las conversaciones desarrolladas con políticos y técnicos de la UE, España y Portugal aceptaron fijar una media de 50 euros megavatios-hora en el precio del gas para producir electricidad durante el año de vigencia. Es una cifra superior a la de partida pero que servirá para reducir la factura eléctrica.

El cambio que se pondrá en marcha tiene varios efectos, si bien hay dos que son más relevantes. Por un lado, el impacto en los consumidores y por otra parte, en los ingresos de las eléctricas, en especial de las tecnologías nuclear, hidráulica y algunas renovables. Son centrales que hasta ahora cobran el precio marginal que se fija con la entrada de las tecnologías más caras, con el sistema instalado en el mercado mayorista que está operativo en la UE,

Como consecuencia las medidas supondrán una rebaja de cerca del 30% en las facturas, aunque el impacto no será igual para todos los consumidores. Lo que sí implicará es que España pasará de ser una de las naciones con los precios más elevados, que después han impactado con fuerza en la inflación, a encontrarse entre las que contarán, al menos en los próximos meses, con las más baratas.

Para las centrales nucleares e hidráulicas, en especial, los ingresos se reducirán del orden de los 5.000 millones, aunque hay cálculos más elevados, y esta sido la principal causa de la reacción en contra de las compañías, como Endesa e Iberdrola, que han intentado que Bruselas no diese luz verde a la petición de los Gobiernos de España y Portugal. Si bien, todavía con incógnitas respecto al reparto de los costes derivados de la ley, el sobrecoste que se repartiría entre los operadores del sector ascendería a 6.000 millones, según el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Otro tema significativo a solucionar es cómo se evita que los consumidores franceses se beneficien, a través de las exportaciones, de la disminución de los precios que se consigue en el pool (mercado mayorista de generación).