La especulación inmobiliaria, esa que dicen que preocupa tanto a los partidos de izquierda, ha tenido tradicionalmente un líder insuperable en los municipios y no solo los gobernados por partidos de la derecha, sino por todos. Los planes de urbanismo y demás zarandajas urbanizadoras han sido el instrumento de la especulación.

Un concejal de una gran población del alfoz de Madrid me decía que el simple trazo de una línea de demarcación, hecho no con un lápiz afilado sino con un rotulador grueso, podía suponer una franja de unos cientos de metros más de terreno edificable y, por tanto, un beneficio enorme para un promotor inmobiliario. Se trata, decía el edil, de que el promotor no se olvide luego de quién utilizó el rotulador en lugar del lápiz bien afilado.

También fui testigo involuntario del cabreo místico de un constructor cuando el municipio de Madrid cambió de criterio en la urbanización del llamado ampulosamente Campo de las Naciones (en el entorno de Ifema). La frustración de sus expectativas le hizo exclamar, ya llegarán las elecciones y vendrán con el maletín…

Como digo, las arbitrariedades urbanísticas han sido el facilitador de las especulaciones, previo pago de su importe, no siempre, o casi nunca, en la caja oficial de ayuntamiento del que se trate.

Pero en mi ranking personal e intransferible (¿por qué no puedo tener yo un ránking?) el Ministerio de Hacienda ha desplazado a los municipios, al utilizar el catastro como ariete de la especulación inmobiliaria, con la ventaja de que no asume ningún riesgo. La inflación brutal de precios de la vivienda con la disculpa administrativa de que el catastro ha aplicado los llamados valores de referencia, no sólo produce pingües beneficios al Ministerio, que eso ya de por sí supone un aumento igualmente brutal de la carga impositiva, sino que contribuye a que los pisos se sitúen, merced a esas ficciones de precio de referencia y precios de mercado, de forma inmediata, en un escalón superior de precios a la hora de los movimientos del mercado.

Por supuesto, el sistema de consultas vinculantes (un sistema perverso donde los haya) a la Dirección General de Tributos, que actúa pro domo sua (o sea, que barre para casa) o la aberración administrativa de los mal llamados tribunales económico-administrativos, en los que Hacienda es juez (poco) y parte (mucho) hacen que los contribuyentes, si lo hacen, acudan amedrentados a esas instancias. Hasta que un caso llegue a la justicia ordinaria y los verdaderos tribunales digan lo contrario, que lo harían, Hacienda es quien se arroga toda la razón y es el contribuyente el que tiene que demostrar que no es un defraudador. La verdad no importa, solo la voluntad del recaudador.

La paradoja es que, aunque el contribuyente ganara el pleito y abona sus impuestos de acuerdo con lo que realmente pagó por el piso o el local, el valor catastral engordado quedará ahí fijado para lo sucesivo. Un aumento de precios decidido, una vez más arbitrariamente, por una administración.

Teniendo estos especuladores a la cabeza del ranking, ¿para qué queremos fondos buitres?