El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de BBVA al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo ha rechazado citar como testigo al actual presidente de BBVA, Carlos Torres, pero sí al exconsejero delegado del banco y actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

En un auto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, descarta la testifical de Torres, planteada entre otros por la acusación particular que ejerce el empresario Luis del Rivero, expresidente de Sacyr,  pero admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción de interrogar a Goirigolzarri y la solicitud de la acusación de escuchar también al que fuera director de Comunicación Javier Ayuso.

Gadea entiende, en línea con Anticorrupción, que la testifical de Torres no es ni útil ni necesaria por cuanto «en modo alguno permite esclarecer ningún aspecto esencial para la instrucción» de esta pieza separada número 9 de ‘Tándem’, porque «el extremo que se pretende concretar, si Torres tuvo conocimiento de la documentación subida a Google Drive, se puede obtener dirigiéndose a quienes se sabe que tuvieron acceso a ésta».

«No existiendo indicio alguno que permita sostener que Torres hubiese tenido acceso a la carpeta Google Drive, la petición carece de utilidad y pertinencia alguna», recalca.

Gadea añade que, de lo investigado hasta ahora, «no ha hallado indicio alguno que permita sostener que Torres impartió directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento, por lo que no se detecta vinculación alguna, más allá de su posición jerárquica o en la entidad, que justifique el llamamiento».

BBVA también se había opuesto a que Torres testificara, porque solo se habría buscado «crear ruido mediático y mantener viva una instrucción que se encuentra agotada después ya de cinco prórrogas».

El juez cita como testigo al que fuera consejero delegado de BBVA en 2004 y 2005 «al existir indicios de que tuvo acceso al informe ‘Trampa II’, así como posteriormente al ‘Trampa I’, y que, aunque le pareció que podía ser delictivo, no se atrevió a comentarlo con Francisco González», el entonces presidente del banco.

Gadea acepta igualmente la declaración como testigo del ex director de Comunicación, a la vista de los nuevos datos recabados desde su anterior declaración en noviembre de 2019.

Un exdirectivo asegura que los ingormes de Cenyt eran detallados

El exdirector de Red Banca Comercial del BBVA Ignacio Pérez declara ante el juez que los informes que elaboró Cenyt eran consistentes y pormenorizados, además de proporcionar detalles sobre la formalización y el seguimiento de un contrato por valor de 100.000€ que el banco habría pagado en cinco plazos a lo largo de un año.

Atribuye la decisión de iniciar la investigación a su responsable directo, el entonces jefe de Riesgos, Manuel Castro, que le encomendó la búsqueda de una empresa externa como una especie de cuestión confidencial. Fue así como Pérez se acercó a Cenyt y mantuvo una serie de reuniones con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, con quien también habló en varias ocasiones por teléfono.

La firma del contrato se produjo en la Torre Picasso, donde estaba situada Cenyt, y después de una serie de negociaciones, ante la petición de 25 contratos distintos por valor de medio millón€ que hacía el grupo de Villarejo. La oferta final se concretó en un contrato por 100.000€, a cambio de tres informes por escrito y dos verbales.

Ante el juez Pérez admite que le sorprendió la rapidez de Cenyt a la hora de facilitarle el primer informe, que incluía datos desgranados sobre una de las empresas sobre las que el BBVA quería poner el foco.

Ante la pregunta del fiscal sobre por qué no se renovó a Cenyt si los informes eran tan buenos, el exdirectivo explica que tanto Castro como él dejaron sus cargos en el banco y que sus sucesores no mostraron interés en continuar contando con la empresa de Villarejo.

Por su parte, el responsable de Seguridad de BBVA, Nazario Campo, confirma qque participó en el contrato que la entidad suscribió con Cenyt en 2016. Precisa que no estuvo involucrado en ningún otro y que su labor consistió en la introducción en el sistema del propio contrato y, en ningún caso, en la firma del mismo. Esta labor la realizó a instancias del entonces jefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, su superior jerárquico.

Por último, el magistrado ha tomado declaración como testigo a Alejandra Fernández-Chico, que trabajó para Cenyt durante cinco años.