Cuando se afronta un problema, si se pretende a tapar con parches, la situación se empeora. Es evidente que la credibilidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, está bajo mínimos por mucho que afirme que cuenta con el apoyo del presidente. Si no se quiere hacer el problema más grande sus horas en el ministerio están contadas. Su afirmación que el cese de Paz Esteban al frente del CNI no ha sido una destitución si no una sustitución suena a tomadura de pelo.

Una de las explicaciones que Margarita Robles ha dado para justificar las actuaciones del centro de inteligencia es que siempre las han hecho bajo la autorización judicial. Sobre esta afirmación se ha profundizado poco y quizás sería interesante hacerlo. Hay un juez del Tribunal Supremo encargado de atender las peticiones de los cuerpos policiales a la hora de autorizar los “pinchazo” telefónicos. Si realmente se ha pedido esta autorización son muchos los expertos en el mundo del derecho que ponen en duda que ningún juez se atreviera a autorizar estas escuchas, violando no pocos preceptos de la Constitución, con el espionaje a políticos, abogados y periodistas.

La ministra, tras reconocer este espionaje, pretende esquivar el problema de fondo afirmando que altos cargos del Gobierno también tienen el teléfono intervenido e insinúa que los responsables son o bien gobiernos extranjeros o elementos policiales incontrolados. O sea que había un problema y ahora tenemos dos, por una parte el fracaso en garantizar la seguridad de las comunicaciones del Gobierno y, por otra, el uso que hacen los servicios de inteligencia, amparándose en la ley de secretos oficiales, para realizar el espionaje a determinadas ideologías.

Además la actuación de determinados dirigentes políticos (“a los independentistas habría que espiarles más”) justificando el maquiavélico “fin que justifica los medios” cuestiona su fe tanto en la democracia como en una Constitución que dicen defender.

Hay demasiados puntos oscuros en la actuación del Gobierno, CNI, jueces , policías patrióticas… para no pensar que las “cloacas del Estado” están en pleno funcionamiento