El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publica la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión de 27 de abril de 2022 sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública»).

La Recomendación ofrece «orientaciones para que los Estados miembros adopten medidas eficaces, adecuadas y proporcionadas para hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública y proteger, en particular, a los periodistas y los defensores de los derechos humanos frente a dichos procedimientos, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales».

«Los Estados miembros deben velar por que sus marcos jurídicos aplicables contengan las salvaguardias necesarias para hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública, respetando plenamente los valores democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión», añade.

También,  que «existan las garantías procesales necesarias para proceder a la desestimación temprana de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados contra la participación pública». Y se «anima a los Estados miembros a incluir en su Derecho interno garantías para los asuntos nacionales similares a las incluidas en los instrumentos de la Unión que tratan de hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas».

«Los Estados miembros deben velar por que sus normas aplicables a la difamación no tengan un impacto injustificado en la libertad de expresión, en la existencia de un entorno mediático abierto, libre y plural, y en la participación pública», señala la Comisión Europea, que reclama que éstas «sean lo suficientemente claras, a fin de reducir el riesgo de que se utilicen indebidamente o se abuse de ellas». Y que las sanciones contra la difamación «no sean excesivas ni desproporcionadas».

Los Estados miembros deben transmitir a la Comisión Europea, a más tardar a finales de 2023, un informe sobre la aplicación de la Recomendación que contenga datos agregados consolidados.

A más tardar cinco años a contar desde de la fecha de adopción, la Comisión Europea evaluará el impacto de la Recomendación en la evolución de las demandas estratégicas contra la participación pública en la Unión Europea. Y determinará si es necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la protección adecuada de periodistas y defensores de los derechos humanos.