Un 60% de las pymes y los trabajadores autónomos en España reconoce haber tenido que reclamar el pago de facturas que se les adeudaban, y admiten que viven con gran incertidumbre no saber si las podrán cobrar, según un estudio elaborado por DAS, especializada en seguros de protección jurídica.
El informe pone de manifiesto la inquietud y el desgaste emocional al que están sometidos las pymes y autónomos a la hora de asumir las tareas del día a día, como el impago de las facturas, las gestiones con sus empleados o afrontar los diferentes aspectos legales derivados de su actividad diaria.
En este sentido, el 80% asegura que la reclamación del abono de facturas lo asume internamente, con la consecuente inversión de recursos que conlleva y sin contar con especialización jurídica.
En relación a la gestión de las problemáticas del día a día del negocio, tan solo la mitad de las empresas y autónomos encuestados reconoce confiar en que su gestor sabrá ponerle sobre aviso y encargarse de todas las incidencias -legales o no- vinculadas con el desarrollo de su actividad.
Según el estudio de DAS Seguros, el 47% de las pymes españolas no ve claro el futuro de su negocio y más del 60% de los autónomos en España considera que la situación económica de su sector ha empeorado recientemente y lo seguirá haciendo en un futuro próximo. Estas cifras son especialmente relevantes si se tiene en cuenta que las pymes y los emprendedores constituyen en España el 99% del tejido empresarial y representan el 62% del VAB (valor agregado bruto), según el Ministerio de Industria.
Pymes y autónomos, que representan un 70% del empleo mundial, presentan numerosas incertidumbres a nivel jurídico y cuentan con unas características cada vez más globales expuestas a riesgos legales.
En este contexto de incertidumbre continua, los seguros de protección jurídica enfocados a pymes y autónomos representan una solución para cubrir servicios de defensa legal por sus amplias coberturas. DAS Abogado de Negocio pone a disposición del cliente un equipo de abogados para asesorarlo desde el primer día, reclamar por los intereses de su empresa ante terceros y resolver conflictos legales. La póliza cuenta con gastos jurídicos incluidos: abogados, tasas judiciales, procuradores, gastos de peritaje y costas procesales.
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