El Informe del Banco de España correspondiente a 2021 está repleta de advertencias y de análisis. Así, la reducción de la temporalidad en el mercado laboral puede «provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal».
El supervisor reclama un análisis del impacto sobre el empleo de la última reforma laboral, que entró en vigor en diciembre de 2021, anque reconoce que «la contratación indefinida se ha acelerado significativamente y la contratación temporal se ha reducido».
La reforma ha introducido límites más estrictos a la utilización de los contratos temporales, restringiendo la duración máxima de los contratos formativos, eliminando el contrato de obra y servicio y permitiendo a las subcontratas y empresas de trabajo temporal (ETT) utilizar el contrato fijo-discontinuo. Pero no aplica medidas para hacer más atractiva la contratación indefinida.
En cualquier caso, deja claro que algunos estudios para otros países que han realizado reformas laborales similares evidencian que éstas habrían tenido «un cierto coste» en creación neta de empleo.
La precariedad supone una mayor incertidumbre sobre la evolución futura de las rentas de los trabajadores afectados, afectando no sólo en sus decisiones de gasto, sino también a su bienestar emocional, a la formación de nuevos hogares y a la natalidad.
Por eso, el Banco de España pide un análisis sobre si la reforma laboral «induce a una mayor o menor rotación en el empleo»; qué tipo de desarrollo profesional presentan los trabajadores que iniciaron su carrera laboral en una ETT; y cómo ha afectado a los tipos de puestos de trabajo disponibles, pues ello a su vez tiene efectos sobre la clase de empresas que se crean y su productividad.
Apunta a que una mayor limitación de la temporalidad incrementa la productividad empresarial, pero «a costa de un mayor desempleo».
También ve necesario analizar en qué medida puede afectar la reforma laboral a medio plazo al proceso de negociación colectiva, a las subidas salariales pactadas y al empleo, especialmente en aquellas empresas con un menor nivel de productividad dentro de cada sector.
Mientras los ERTE y los programas de avales crediticios del ICO fueron «eficaces» para favorecer la reincorporación al empleo y mitigar el impacto de las restricciones por la pandemia a la actividad sobre la liquidez de las empresas, el Banco de España se muestra especialmente crítico con el programa de ayudas directas a pymes, ya que «solo habría contribuido a corregir una parte reducida de los problemas de solvencia que, como consecuencia de la crisis sanitaria, surgieron en estas empresas».
Sobre los nuevos ERTE cíclicos y sectoriales incluidos en la reforma laboral y denominados RED, el Banco de España considera que pueden ser útiles ante situaciones macroeconómicas coyunturales. Pero «no necesariamente tendrían por qué ser igual de oportunos en otro tipo de procesos más estructurales, como los que previsiblemente tendrá que abordar la economía española en los próximos años».
«Por tanto, de cara al futuro, sería conveniente evaluar la efectividad de esta modalidad del mecanismo RED en relación con la de otros mecanismos que actualmente están pensados para reestructuraciones permanentes, como los expedientes de regulación de empleo (ERE)», sugiere el informe del Banco de España.
La inflación es 1,2 puntos más severa en los hogares con menos renta
Los hogares con menos renta están soportando una tasa de inflación 1,2 puntos superior a la que tienen los que cuentan con mayor nivel de renta. Entre abril de 2021 y marzo de 2022 el aumento de los precios de la cesta de consumo de los hogares con menor y mayor renta fue del 5,6% y el 4,3%, respectivamente, aunque, en términos absolutos, habría supuesto un mayor gasto medio anual para las rentas más altas, de unos 1.329€, mientras que los hogares con menos ingresos han gastado 618€ más.
Este incremento del gasto se habría debido, sobre todo, a la subida del precio de la electricidad, de unos 286€ para las rentas más bajas, y de 446€ para las más altas.
Aquellas familias en las que la persona de referencia es mayor de 65 años afrontan una inflación superior en 1 punto a la del resto Para aquellos hogares con educación secundaria o inferior, la inflación ha sido 0,9 puntos porcentuales más alta que para el resto.
Las rebajas de impuestos indirectos aprobadas en 2021 habrían reducido la inflación promedio que los hogares con menor renta soportaron entre abril de 2021 y marzo de 2022 en 1 punto, frente al impacto de medio punto para las rentas más altas.
La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año sugieren que la inflación soportada por los hogares de menor renta en dicho período podría reducirse en 0,35 puntos porcentuales, reducción que, en este caso, sería menos intensa que la que experimentarían los hogares con mayor renta, de 0,61 puntos.
Las personas de mediana edad (de entre 36 y 45 años) con altos ingresos laborales, que de media mantienen una posición financiera neta deudora, se habrían visto beneficiadas por el alza de la inflación. Su capacidad de ahorro se habría incrementado en un 3% de su renta laboral anual gracias, principalmente, a la reducción en el valor real de sus deudas.
Por el contrario, los mayores de 65 años, que suelen presentar una posición financiera neta acreedora, se habrían visto relativamente perjudicados. «Los efectos negativos encontrados sobre los mayores de 65 años pueden verse parcialmente mitigados por la indexación automática de las pensiones», matiza el Banco de España.
Transporte y metales, los sectores más afectados por la factura energética
En cuanto al impacto del alza de la inflación en las empresas, las manufacturas y el transporte son particularmente intensivos en el uso de energía, mientras que su importancia relativa en los servicios inmobiliarios, en los farmacéuticos e incluso para la Administración Pública es muy reducida.
La energía tiene un peso en los procesos productivos de las ramas de actividad españolas superior al del promedio de la zona euro, fenómeno que es «especialmente acusado» en el sector del transporte terrestre. De esta forma, un aumento del coste de la energía del 22% de media durante este año tendría un coste en los distintos sectores de la economía española, siendo los más afectados los del transporte aéreo, el transporte terrestre, los metales básicos y el transporte marítimo.
Este aumento de los costes de producción se traducirá en un deterioro de la situación económica y financiera de algunas empresas, tanto si repercuten a sus clientes el alza de sus costes (entonces sus ventas se resentirían) como si no lo hacen, ya que, en este caso, se contraerían sus márgenes. «En ambos escenarios se reducirán los beneficios empresariales y, como consecuencia de ello, algunas compañías podrían pasar a una situación de vulnerabilidad financiera», apunta el Banco de España.
Pacto de rentas con «compromisos plurianuales» y que incluya las pensiones
El Banco de España aprovecha del Informe Anual para volver a reclamar un pacto de rentas con «compromisos plurianuales» entre los agentes sociales para impedir que se desencadene una espiral de incrementos de precios y de costes, así como que eviten fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda y tomen referencias que excluyan los costes energéticos, como la inflación subyacente.
Y pide a empresarios y sindicatos aceptar que «la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de las rentas de la economía es inevitable».
«La naturaleza de la perturbación exige que empresas y trabajadores acepten, respectivamente, una moderación de sus márgenes y una cierta pérdida de poder de compra de sus salarios en proporciones que habrán de ser determinadas mediante el diálogo social. Un hipotético intento por parte de unos y otros de mantener la capacidad adquisitiva de sus rentas actuales no garantiza el éxito para uno u otro colectivo y, a escala agregada, comporta los costes asociados a una tasa de inflación elevada, como son pérdidas de eficiencia y aumentos de la desigualdad», advierte.
El Banco de España aprecia que el reparto de costes entre trabajadores y empresas se está produciendo de forma tácita y que la transmisión a los crecimientos salariales del repunte de la inflación está siendo «modesta».
También reclama que las pensiones formen parte del pacto de rentas, pues su vinculación con el IPC tendrá consecuencias sobre el gasto público. «Consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes, el conjunto de los pensionistas, a quienes se excluye del ajuste, conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes», argumenta el Banco de España
Los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento de la población requerirán de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos. Por lo que debe reforzarse el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas. E iniciar «un debate riguroso» que aborde el nivel de prestaciones y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.
Para ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación, el Banco de España sugiere la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas.
Nueva revisión a la baja del PIB
Por otra parte, el Informe Anual del Banco de España sugiera una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento para la economía, por debajo de lo estimado en abril (4,5%), en un contexto de incertidumbre marcado por la guerra en Ucrania, el alza de precios y la persistencia de los cuellos de botella en los procesos productivos.
«La guerra ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos y ha provocado un repunte muy fuerte de los precios energéticos, materias primas y alimentos», explica el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su artículo introductorio del Informe.
En el primer trimestre de 2022, el PIB creció un 0,3% intertrimestral y el nivel de actividad en España se situó 3,4 puntos por debajo del observado antes del comienzo de la pandemia, mientras que en el conjunto del área del euro, el PIB rebasó en 0,4 puntos su nivel precrisis.
El dato del primer trimestre llevaría a una «rebaja mecánica» de aproximadamente medio punto en la tasa media de crecimiento del PIB de 2022. Pero si no se producen nuevas perturbaciones o un agravamiento de la guerra en Ucrania, esta revisión de las proyecciones publicadas en abril seguiría siendo coherente con el mantenimiento de una senda de recuperación gradual en la economía española, que podría alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia en el tramo final de 2023.
Para ello, será fundamental el despliegue de los fondos europeos ‘Next Generation EU’ (NGEU), que hasta ahora ha sido «modesto» y menor de lo esperado. Según los cálculos del Banco de España, la tasa de crecimiento potencial de la economía española al final de esta década podría llegar a situarse en el 2%, casi un punto por encima de un escenario sin proyectos NGEU y sin reformas estructurales.
Por el lado de los precios, los nuevos datos apuntan, en comparación con las proyecciones realizadas en abril (que estimaban un alza de la inflación en el año del 7,5%) a avances mayores de la subyacente (que excluye la energía) y a un crecimiento algo más modesto del componente energético.
El Banco de España ha anticipado que en los próximos meses el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas y rebajar el de la electricidad (que ha sido recientemente aprobado en España y en Portugal, de acuerdo con la Comisión Europea) presionará a la baja la factura energética,
La inflación se mantendría elevada en los próximos meses, para posteriormente moderarse progresivamente, hasta el 2%.
Subida de tipos en el tercer trimestre
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de abril anunció que las adquisiciones netas en el marco del programa de compras de activos (APP) concluirían en el tercer trimestre. Para proceder «poco después» al primer incremento de los tipos de interés.
«En los siguientes trimestres se podría proceder a sucesivos incrementos adicionales, hasta, por ejemplo, alcanzar niveles acordes con el tipo de interés natural si se mantienen las perspectivas de inflación de medio plazo en torno a nuestro objetivo», apunta Pablo Hernández de Cos.
Plan de consolidación fiscal «sin demora»
El Banco de España recomienda al Gobierno abordar «sin demora» un proceso de consolidación fiscal plurianual que, aunque no se puede aplicar ahora mismo, ayudaría a «la credibilidad de políticas pública y a reducir incertidumbre». La invasión de Ucrania constituye una fuente de presión adicional sobre las cuentas públicas.
En ausencia de medidas correctoras, el déficit de las Administraciones Públicas sería del 4,7% del PIB en 2024, con una ratio de endeudamiento público del 113,8% del PIB, 6,2 puntos porcentuales por debajo de la cota máxima alcanzada en 2020, pero casi 20 puntos por encima del nivel de finales de 2019, antes de la pandemia.
Esta evolución subraya la necesidad de diseñar un programa de consolidación fiscal que garantice la sostenibilidad de este endeudamiento.
Reforma fiscal que grave más el consumo que la renta
Por el lado de los ingresos públicos, el Banco de España ve necesario llevar a cabo una revisión integral del sistema tributario español, dando un mayor peso a la imposición sobre el consumo (IVA) frente a la que grava la renta.
Los objetivos medioambientales requerirán nuevas medidas impositivas en la energía, los hidrocarburos o el transporte. Y la creciente globalización y digitalización supone incrementar la armonización del sistema tributario a escala internacional.
El Banco de España avisa que los niveles de desigualdad en España, que ya eran elevados antes de la pandemia, han aumentado como consecuencia de la crisis sanitaria y tras la invasión de Ucrania. Cree necesario que las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital en el país se sigan ajustando.
En lo que se refiere a vivienda, cree que el control de rentas, podrían no tener el efecto deseado o incluso, en el medio plazo, suponer efectos adversos.
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