A este Gobierno que tanta fobia tiene a las notas, hasta el punto de legislar para suprimirlas, la Comisión Europea en su evaluación de primavera, le acaba de poner un SUSPENSO o un MUY DEFICIENTE con mayúsculas, además de señalarles, una vez más, como los últimos de la clase de la UE en economía, como lo fueron también en sanidad y siguen en el furgón de cola en respeto a la libertades y a las instituciones democráticas.

Resulta que los catedráticos de la Comisión Europa han rebajado hasta el 4% el crecimiento del PIB español durante este año, 1,6 puntos menos que la anterior previsión y 0,3 décimas por debajo de la reciente revisión a la baja de la sociedad Sánchez-Calviño y Cia, al tiempo que duplica la estimación de la inflación que se disparará hasta el 6,3% en media anual. Una tasa históricamente alta y que podría seguir tocando máximos hasta mediados de 2023 ante la escasa o nula eficacia de las medidas de un gobierno que se niega a bajar los impuestos y, especialmente, a deflactar la tarifa del IRPF en relación con la subida de los precios, como aconsejan todos los expertos y los organismos internacionales.

Los últimos datos de la oficina europea de estadísticas, Eurostat, confirma que nuestra brecha de inflación sigue muy alta con el resto de la UE, y mientras en marzo los precios en España subían hasta el 8,3% en abril, frente al 7,5% de media de la UE la inflación interanual en Francia era de sólo del 4,8%, del 6% en Italia y del 7,4% y 7,2%, respectivamente, en Alemania y Portugal. Un diferencia que resta competitividad a nuestras empresas y productos en el exterior, además de empobrecer más a las familias y consumidores.

Una realidad que se constata al comprobar como la combinación de mayor tasa de paro de Europa con una de las mayores tasas de inflación nos sitúan a la cabeza del Índice de Miseria Okun, que mide el deterioro de la economía y de la calidad de vida de las clases medias y bajas de la sociedad.

Pero lo más grave que resalta la CE es que España no saldrá de la crisis hasta 2023. Y aunque la rebaja de las previsiones ha sido generalizada para todos los miembros de la UE por las consecuencias de la guerra en Ucrania, el examen de las autoridades comunitarias sigue situando a nuestro país como el peor de los 27 siendo el que tiene mayor déficit, más deuda, más paro y una de las mayores tasas de inflación. Indicadores agravados por una importante caída del consumo lo que aboca a una situación de estanflación – inflación alta sin crecimiento de la economía- a la que le puede seguir una crisis de deuda similar a la de 2008, pero con peor situación inicial que la de entonces.

De hecho, la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas registró en marzo un aumento del 0,85% respecto a febrero, hasta alcanzar el máximo histórico de 1,453 billones de euros. Se sitúa en el 117,7% del producto interior bruto (PIB), mientras que la agencia de calificación Moody’s ha señalado a España como el país de la UE que más difícil tiene reducir la deuda a los niveles previos a la pandemia del COVID. Y apunta que se necesitaría un superávit primario (ingresos menos gastos sin incluir el pago de intereses) del 3,7% de media hasta 2025 para volver a la deuda pública del 95,5% que teníamos en 2019 cuando las previsiones apuntan a un déficit de cerca del 4% en 2022.

Y esto en un escenario en el que el BCE ha finalizado el programa de compras pandémicas, ha reducido el programa de compras de deuda (APP) con una previsión de que acaba en el tercer trimestre de este año y anunciando una subida de tipos de interés para la segunda mitad del ejercicio, lo que convierte en evidencia, más que en profecía, las palabras del gobernador del Banco de España cuando avisaba de que “como las reglas comunitarias, una vez se recuperen, exigen un ajuste del 0,5% anual significa que tendremos por delante una década de ajustes para poder reducir los elevados niveles de deuda pública”.

Esta es las situación aquí y ahora y no la que quieren contarnos desde un Gobierno desbordado por la realidad económica y sin ideas para afrontar la agenda de reforma, el plan de reequilibrio fiscal y el ajuste de gasto necesarios. Pero, como dice el refrán “no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”.  ¡Que nos pille confesados!