No entiendo la incomodidad, por decirlo en términos suaves, de algunos, entre los que se encuentran miembros del Gobierno dúplex, con el informe anual del Banco de España. Hay quien se lo ha tomado como una agresión  elitista, que es un argumento recurrente referido al instituto supervisor y hay quienes añaden a este agravio la impulsiva petición de que el estatuto de independencia merece una revisión, porque no es democrático. La fina epidermis de los políticos se irrita en cuanto reciben un atisbo de crítica o se proyecta una duda sobre la eficacia de sus decisiones.

Sin embargo, yo tengo la impresión de que los redactores del Informe han sido en extremo cuidadosos, aunque no sabría decir si se trata de una prudencia anti-choque o, lo que es más probable, una cautela motivada por las serias incertidumbres que nos circundan y la debilidad institucional que presentamos como país para afrontar esta encrucijada. Quienes seguimos con atención la literatura emanada del Banco de España desde hace muchos años no presenta especiales aristas en esta ocasión, como en casi ninguna. Ese es el gran valor de la independencia que algunos denuestan.

Como ocurre casi siempre, los asuntos que mayor atención reciben son aquellos referidos a cuestiones sociales, con respuestas de brocha gorda a tratamientos que lo peor que se puede decir de ellos es que aplican un realismo no beligerante. Ha irritado sobremanera que se critique la última reforma laboral, cuando lo que se hace en realidad es introducir un poco de prudencia en las alharacas con las que se han recibido sus primeros resultados. Constata la entidad que la contratación indefinida se ha acelerado y, en paralelo, se ha reducido la contratación temporal. Pero asegura que no se puede montar una campaña publicitaria sobre ello, como hace la vehemente vicepresidenta Díaz, porque queda todo por saber de lo que hay tras los números y no hay elementos para un análisis fiable por la inmediatez.

Esas cifras que el Gobierno airea como un banderín de enganche, sugieren  muchas preguntas cuyas respuestas deben esperar un tiempo y no corto. Nos falta por saber, por ejemplo, si las migraciones de contratos eventuales a fijos generan en conjunto un aumento de la participación de los salarios en la renta nacional. Porque puede ocurrir que los temporales desaparecidos se resuelvan en fijos a tiempo parcial y en que cuantías de jornada; falta por saber si en los contratos fijos discontinuos, los periodos de discontinuidad aumentan o disminuyen y en qué medida y falta por saber si los contratos temporales han migrado a otra fórmula o una parte de ellos se han eliminado, sin más. Que el Banco de España pida tiempo para un análisis más certero no es una crítica. (A lo mejor la crítica llega cuando ese análisis sea fiable).

Otro asunto que ha irritado la sensibilidad de algunos miembros del dúplex gubernamental es el de la política de rentas. Aquí se desbordan las pasiones y los tópicos que llevo oyendo desde hace más de cuarenta años.

Dice el Banco de España que la alta inflación tiene un impacto asimétrico sobre los trabajadores, las empresas y los sectores. Y aboga inmediatamente por evitar la indiciación  automática de las rentas salariales a la inflación pasada o el establecimiento de cláusulas de salvaguardia, que viene a ser lo mismo. También insta a que los convenios salariales tengan carácter plurianual, para facilitar los deseables ajustes que vaya marcando el ciclo.

Esto de la plurianualidad me parece muy bien, auque reconozco que la recuperación por la nueva Ley laboral de la ultraactividad de los convenios es, en este caso, una trampa para elefantes. Las centrales sindicales tienen en su mano la no renovación de un convenio y que éste se mantenga en vigor en los aspectos que les son favorables. Es la conocida ley del embudo.

Por último, algunas de las críticas hablan de la política de rentas acusan al instituto monetario de no hablar de las rentas empresariales, lo que no es cierto. En el texto se pide expresamente una prudente política de márgenes empresariales. Lo que no puede hacer una empresa es renunciar a los beneficios, aunque sí repartir de manera no inflacionaria esos beneficios entre las retribuciones del capital, la inversión y la investigación y la formación de sus empleados.

De todas formas, parece más importante una regata en San Xenxo.