Las pensiones siguen siendo el principal quebradero de cabeza del Gobierno. Con la generación del baby boom a las puertas de la jubilación, y un incremento del gasto previsto equivalente a cuatro puntos del PIB en 2050, el Ejecutivo sigue buscando fórmulas para pagar una factura, que, por si fuera poco, se hincha cada día más debido a un factor inesperado, como es la inflación.

En 2023 el Ejecutivo prevé un incremento del gasto en pensiones del 6%; debido en buena parte al crecimiento de los precios. Un maridaje el de los precios y la subida de las pensiones, que por recién estrenado no ahorra críticas, procedentes incluso de quienes firmaron hace menos de un año su nacimiento, ligado al primer bloque de la última reforma de pensiones.

Hoy ha sido el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien se ha sumado al coro de voces que alertan sobre el abultado tamaño de la factura prevista de las pensiones. El patrón de patrones, en la estela de organismos como el Banco de España o la Comisión Europea, ha animado este martes a buscar fórmulas que logren atemperar los incrementos previstos en el pago de estas prestaciones, bien sea por la vía de endurecer la relación entre algunos parámetros, como el tiempo cotizado o la esperanza de vida, y la cuantía de la prestación; o bien tocando la edad de jubilación, sugirió el empresario.

“Hay una cosa que se llama Pacto de Toledo y hay que ver cuántos años tenemos que cotizar, cuándo nos jubilamos, cuál es en este momento la tasa de mortalidad en España. Lo que Bruselas está diciendo es que hay que sentarse y verlo de una forma muy seria. Dejarse de elecciones y sentarnos a ver cómo arreglamos temas muy serios de este país”, dijo a la prensa Garamendi este martes durante el foro Medcap celebrado en Madrid.

Así, la voz de Garamendi, firmante de una reforma de pensiones a la que le quedan aún algunas patas por negociar, se une al resto de voces que alientan sobre la nuca del Ejecutivo, preocupadas por la capacidad del Estado para sufragar el sustento de pensionistas, viudas y cesantes por enfermedad o accidente.

Los funcionarios demandan subidas de sueldo

Una presión opuesta a la que desde el otro lado inician hoy lo funcionarios. El sindicato CSIF inició hoy movilizaciones a fin de reclamar aumentos de sueldo que compensa la pérdida de poder adquisitivo, que la central cifra en un 15% desde 2010.

“CSIF lleva solicitando desde el mes de marzo la apertura de la negociación, pero ante el mutismo de la ministra, hemos decidido iniciar este proceso de movilizaciones”, afirmó la central sobre unas movilizaciones a las que se unirán los policías y guardias civiles de Jusipol.

El tercer pilar, a escena

Pero además el Gobierno ha tropezado en el Congreso a la hora de sacar adelante uno de sus proyectos ‘estrella’, un sistema de planes de pensiones colectivos que los empresarios y sindicatos pactarán en empresas y sectores, con importantes desgravaciones fiscales y ahorro en cotizaciones, y al que, a falta de su aprobación definitiva, se ha adherido ya el sector de la construcción.

A falta del sí de la Cámara Baja, el Gobierno maniobra para sumar apoyos a estos planes de pensiones colectivos. Sin embargo, el portavoz de uno de los socios del Gobierno, ERC, Gabriel Rufián, calificó hoy de “decepcionante” el proyecto de ley, y, aunque no avanzó el sentido del voto de su formación, sí informó en cambio de que el Ejecutivo ha admitido “algún tipo de enmienda” de los republicanos al texto legal, que después de pasar hoy por la fase de ponencia, pronto se votará en comisión.