El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, defendió hoy cambios de calado en el sistema de pensiones. Por un lado, ampliar el período de cómputo que se toma en cuenta para calcular el importe de la pensión. Y por otro un nuevo modo de integrar las llamadas lagunas de cotización, que se producen cuando las personas no cotizan, por ejemplo debido a estancias prolongadas en el desempleo. Un modelo “ideal” en cualquier caso, que “no supondría una merma de la pensión”, y que habría que negociar con los empresarios y los sindicatos en la mesa del diálogo social, dijo Arroyo durante su comparecencia en el Senado.

El ‘número dos’ de la Seguridad Social habló de un sistema “ideal” en el cual, a diferencia del actual, las cuentas para cerrar el cálculo de la pensión abarcaría toda la vida laboral, y no solo los últimos 25 años, como ahora.

Sin embargo, Arroyo puso buen cuidado en evitar la impresión de que esta será una reforma que se apruebe en el corto plazo, perjudicando a los trabajadores que actualmente se encuentran cerca del fin de su vida laboral.

“No quiere decir que se vaya a extender el período de cómputo”, afirmo taxativo ante la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Alta. “Quiere decir que vamos a ir, paulatinamente, posiblemente con períodos transitorios muy largos, a un modelo más parecido a ese modelo ideal que tenemos en mente”, puntualizó.

El diseño del modelo actual perjudica gravemente a los trabajadores que pierden su trabajo en la recta final de su vida laboral, y luego se ven además obligados, tras un largo período en el desempleo, a aceptar salarios un 30% o 40% más bajos que en el puesto anterior, recordó el secretario de Estado de la Seguridad Social.

“Aunque haya cotizado mucho y lleve trabajando desde los 18 años, su pensión va a depender solo de lo que ha pasado al final de su vida. Y eso es jugar a los dados con la vida de la gente”, apostilló.

Por ello defendió ir a hacia ese modelo “más justo y equitativo” en el que se tenga en cuenta el conjunto de la vida laboral, pero con un mecanismo corrector que permita atemperar los vacíos de cotización que se producen cuando una persona se queda en el paro o tiene que cuidar por ejemplo a un dependiente.

“Tiene que ir acompañado de una mejora del mecanismo actual de integración de lagunas de cotización, que es exiguo”, recalcó, tras poner el ejemplo de las personas que perdieron su trabajo en la crisis de 2008, a las que el sistema actual ha hecho “polvo”, debido a la dificultad de encontrar luego un empleo y un salario acorde con el anterior.

Cumplir con Bruselas

Arroyo ha recordado la negociación actualmente en marcha con los empresarios y los sindicatos para aprobar la segunda fase de la reformas de pensiones, comprometida con Bruselas a cambio de los fondos del Plan de Recuperación.

“Todo esto se tiene que negociar en la mesa de diálogo social. Es una tarea compleja y nos va a llevar su tiempo, pero creemos que vamos a cumplir el hito”, ha avanzado.

“Es un poco el modelo que tenemos en mente, y ya existe, con matices, en otros países de nuestro entorno, donde las carreras de cotización contemplan de una forma más integral la vida laboral con una perspectiva más larga”, ha concluido.

Se actualizarán las pensiones con el IPC

Además, Arroyo ha ofrecido algunos datos sobre la primera fase de la reforma de pensiones, aprobada en 2021, cuyos resultados se notarán “en el largo plazo”, si bien algunos de ellos son ya claramente perceptibles, como la subida anual de las pensiones de acuerdo al IPC.

Arroyo ha dado por hecho que las pensiones el año próximo se revalorizarán según el IPC medio, cuyo valor quedará probablemente en torno al 6% o 7%, aventuró.

“Es imposible no hacer esa subida”, ha dicho.

Además, ha informado de que cada día más personas acceden a demorar su jubilación, acogiéndose a un pago único que, con los datos existentes, ronda la cuantía media de 20.000 euros, que perciben los trabajadores, sobre todo de rentas más bajas, ha matizado.

“No es lo mismo que te suban 50 euros cada año la pensión de jubilación que te den de golpe 8.000 euros”, ha enfatizado, poniendo de manifiesto que muchos lo hacen para evitar tener que pedir un crédito.

Finalmente ha apostado por una reforma del régimen especial de autónomos —RETA—, también actualmente en negociación, que entre en vigor en 2023, con un período transitorio de nueve años. Un modelo en el que los autónomos tendrían que comunicar su previsión de ingresos, a fin de cotizar por sus “rendimientos”, y que estrechará además la comunicación entre Hacienda y la Seguridad Social.

Una cuestión de “gran complejidad” la de trazar un puente entre los ordenadores de Hacienda y la Seguridad Social, en una negociación también difícil por el hecho de que “hay muchos autónomos que declaran ingresos muy bajos”, ha dicho.

Por último, el secretario de Estado ha echado la vista atrás a los cinco meses de la entrada en vigor de la reforma laboral, que ha supuesto un control de la contratación temporal y un gran aumento en el número de contrato indefinidos.

Con optimismo, Arroyo ha dicho que será “relativamente fácil” bajar el nivel actual de temporalidad, que hasta hace poco sobrepasaba el 25%, hasta el 15% de la media europea “en no mucho tiempo”.

“No solo se están sustituyendo contratos temporales por indefinidos”, además se está creando nuevo empleo fijo, ha recalcado, sorprendido por “lo positivo y por lo rápido” que ha actuado la reforma del sistema de contratos del mercado de trabajo español.