Confieso que empiezo a estar un poco harto de los informes, unos más técnicos que otros, que instituciones, empresas y organismos de toda condición realizan desde hace varios meses sobre la situación que se nos viene encima. Digamos que la meteorología económica ya nos ha saturado de predicciones en las que las turbulencias, tifones, danas y ciclogénesis explosivas van a menudear sobre nosotros  bolsillos con la misma generalidad que lo hacen los vientos y las trombas de agua.

Creo que ya se ha pasado el tiempo de las predicciones y que ahora lo que compete a esas instituciones, empresas, organismos de toda condición es que nos digan cómo piensan que se pueden resolver los problemas que ya tenemos sobre la mesa. Es necesario acabar con esa sucesión de  expectativas, unas más certeras que otras, en las que se refugian los expertos y que concluyen con los titulares habituales que anuncian que las instituciones, las empresas y los organismos de toda condición revisarán sus previsiones, mayormente a la baja.

Vinieron las lluvias, como titulaba Louis Bromfield su novela, y nos pillan sin que los expertos nos propongan planes concretos, cuantificados y, sobre todo, con una asignación de tareas para todos y cada uno de los ciudadanos que nos vemos afectados por estos planes. En economía no cabe el despotismo ilustrado que rige en toda política. Una de las garantías para que los planes sean eficaces es esa asignación de responsabilidades y que todos los ciudadanos, cada uno en lo suyo, se apliquen a cumplirlas.

Ahí es donde creo que está el quid de la cuestión. Cuando los planes pasan de los expertos a sus ejecutores, los políticos, a nadie se le ocurre interrogar a éstos sobre qué debe hacer. Sería una especie de ingenuo fabianismo. Lo que debe ocurrir es que sean los políticos los que se dirijan a los ciudadanos para anunciarles, churchilianamente, que por delante quedan días de sangre sudor y lágrimas. Y que paliar estos estragos depende por igual de cada uno de los ciudadanos. Es decir, los políticos tienen que asumir la verdad y difundirla. Y humildemente, pedir la ayuda de la gente.

Por poner un ejemplo desagradable. El primer paquete de medidas del Gobierno, naturalmente en forma de decreto, no ha entrado en vigor en  alguna de sus principales decisiones porque actuó sin saber qué decidiría la Unión Europea sobre ella. Se programó con una vigencia de un trimestre, lo que ya roza la magia potagia, y ya se habla de su prórroga imprescindible por otros tres meses, sin haber desvelado aún la decisión de la Comisión Europea.

¿Alguien puede creer que con una serie de medidas, unas de alcance desconocido y otras parciales y troceadas, se puede atajar la compleja crisis actual? ¿Alguien puede pensar que basta con un decreto prolijo, circunstancial, heterogéneo y discutible se puede conmover (en sentido mecánico) a los ciudadanos?

No hay plan que resuelva una crisis económica al margen de la ciudadanía en su conjunto e individualizadamente. Los ciudadanos viven para sí mismos y para sus colectividades. Los políticos viven sólo para las siguientes elecciones. Esa es la gran diferencia.