Quedan pocos días para alcanzar un acuerdo que evite que Celsa, la principal siderúrgica de capital español y tercer productor de acero de Europa, eluda la quiebra. El grupo controlado por la familia Rubiralta negocia desde hace meses un acuerdo con los acreedores financieros que posibilite la inyección de dinero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad que supedita la ayuda al pacto previo entre la dirección de la compañía y las entidades y fondos que tienen la deuda en sus manos.

Si bien las negociaciones aún se mantienen en la etapa dominada por las divergencias y las descalificaciones, los acreedores, entre los que se encuentran Goldman Sachs y Deutsche Bank, así como los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital o Cross Ocean, están dispuestos a realizar una quita de 630 millones y convertir en crédito subordinado otros 550 millones de euros. Pero no parece todavía suficiente para alcanzar el camino que ponga fin a esta crisis. El conjunto de la deuda de Celsa que está controlada por estos acreedores supera los 2.300 millones.

Aunque ese paso es positivo, las diferencias se plasman en la interpretación de la causas que todavía dificultan el pacto. Para las entidades financieras, que adquirieron la deuda a diversos bancos: Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, lo hicieron con fuertes descuentos que ahora dificultan que cierren la operación con rentabilidad. Mientras, los acreedores señalan que la familia Rubiralta es el principal escollo para  que se logre el rescate.

La SEPI está en el centro de este conflicto, a la espera de movimientos que permitan salvar esta emblemática empresa, que está presente en varios países europeos, desde Francia, Dinamarca, Noruega o España. Emplea a 9.600 personas y es líder en la fabricación de acero por sistemas que priorizan la sostenibilidad. Esta entidad pública aportaría dos ayudas de menos de 250 millones de euros cada una para evitar que deba pasar por el filtro de la Unión Europea. Pero el tiempo se acaba en cualquier caso ya que el plazo para las ayudas públicas para sostener a las compañía afectadas por el covid expira el 1 de julio.

Los acreedores piden que Celsa aporte el 49% de su resultado bruto de explotación hasta 2029, además de 550 millones del Ebitda cuando se cierre la transacción de la reestructuración de la deuda..