Después de Alemania, España es el país europeo con mayor número de fundaciones, concretamente 9.218, casi la mitad constituidas entre los años 2003 y 2019, según el último dato disponible. Con unos activos que superan los 22.000 millones de euros y unos ingresos anuales de cerca de 8.000 millones (entre ayudas públicas y donaciones privadas), estas organizaciones han creado cerca de 300.000 empleos. Pese a la importancia de este sector y a la creciente demanda social de los servicios que prestan —con casi 44 millones de beneficiarios en 2019—, sus niveles de transparencia son claramente mejorables.

Están obligadas a publicar información financiera y sobre sostenibilidad, pero esa información es en algunos casos escasa y heterogénea, y en otros, está desactualizada. La complejidad de obtener datos económicos-financieros por parte de cualquier persona interesada, se puede derivar de la inexistencia de un registro centralizado donde se deposite toda esta información, al igual que existe para las sociedades mercantiles. La creación de ese registro es una de las sugerencias de quienes han realizado el estudio Información financiera y no financiera de las fundaciones en España análisis de casos a partir de sus notas a los estados financieros y otros estados. Sus autores, Salvador Marín y Francisco Javier Martínez, miembros de Economistas Contables (EC), órgano especializado en información financiera y no financiera del Consejo General de Economistas (CGE).

El estudio llama la atención sobre la necesidad de una estandarización mayor de los requerimientos mercantiles de las fundaciones de competencia estatal y autonómica, pues la normativa presenta diferencias —a veces bastantes— en función del ámbito territorial de su actividad, lo que da lugar a una distorsión del mercado único en cuanto a homogeneidad y transparencia informativa. Igualmente, destacan que sería preciso incrementar el tamaño de este tipo de entidades, avanzar hacia una mayor profesionalización en su gestión y acelerar la transformación digital.

El estudio se divide en tres partes. En la primera se realiza una aproximación a la coyuntura económica del sector de las fundaciones. En la segunda, se analiza la normativa contable que afecta a las fundaciones. En la tercera, se identifica, clasifica y analiza la casuística sobre la información financiera y no financiera del sector a través 75 casos de fundaciones reales, de diversos tamaños y sectores. Finalmente, el estudio incluye conclusiones y propuestas.

Impacto socioeconómico
Las fundaciones tienen un papel destacable en la economía: aportan un 0,8% del PIB y han creado más de 267.000 empleos directos y no menos de 10.000 indirectos. Los beneficiarios totales de las fundaciones en España se han incrementado de forma notable desde 2008 a 2019, con un total nacional en este año final de 43.706.351, frente a los 17.801.780 al inicio de la serie.

Su penetración en la sociedad española es relativamente alta. Así, según la Asociación Española de Fundaciones (AEF), en 2019 (último dato disponible) había en España 20 fundaciones por cada 100.000 habitantes, localizándose en las CCAA de Madrid, Cantabria y Navarra las mayores densidades (33, 31 y 31 por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

Desde la perspectiva presupuestaria, la actividad de las fundaciones se ha mantenido en equilibrio presupuestario a lo largo de los años, aunque, de media, incurren en un pequeño déficit (en 2019 tuvieron unos ingresos totales de 7.754 millones de euros y unos gastos de 8.499 millones). En cuanto a la suma de los activos gestionados por estas fundaciones, tampoco presenta grandes cambios a lo largo del periodo. En promedio anual, el activo de las fundaciones en España se sitúa en 21.772 millones de euros, siendo el dato de 2019 algo mayor, con 22.501 millones de euros.

Respecto a la procedencia de los ingresos de las fundaciones, durante el periodo analizado, aproximadamente y de media, el 85% de los fondos han tenido origen privado, mientras que el 15% procedía del sector público. Además, la iniciativa creadora de estas fundaciones recae mayoritariamente en personas físicas — casi el 73%—, frente al resto, que son constituidas por asociaciones y empresas. Y casi tres cuartas partes de todas las fundaciones se constituyen con dotaciones referentes al mínimo estándar (30.000 euros), y las que lo sobrepasan son en su mayoría inferiores a 150.000 euros. Si atendemos a la estructura de las fundaciones según su patrimonio, en 2019, aquellas con patrimonios pequeños y medianos (hasta 500.000€) suponían el 69,77% del total registrado en España.

Información financiera y no financiera
A la vista de estos datos, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado durante la presentación del informe que la creciente importancia del denominado Tercer Sector, del que forman parte las fundaciones, podría explicarse por la naturaleza social y asistencial de las actividades que desarrollan, y por los valores que promueven que son “claves para el bienestar y la prosperidad de cualquier nación desarrollada”. De ahí que, en opinión de Pich, resulte “razonable que las fundaciones tengan un régimen fiscal privilegiado con respecto al resto de entidades (tributación a un tipo reducido del 10%, frente al tipo general del Impuesto sobre Sociedades del 25% por las actividades económicas que realicen fuera de su finalidad estatutaria), no teniendo que tributar en este impuesto por la actividad propia de su objeto. Sin embargo, advierte Pich: “No es razonable que los requerimientos sobre información financiera y no financiera que están obligadas a depositar en el registro difieran, o no estén en consonancia, con los exigidos a cualquier otra sociedad mercantil”.

 “En aras de la transparencia, es absolutamente necesario que quien quiera consultar dicha información para la toma de decisiones —ya sea un donante de fondos o un usuario de servicios— pueda hacerlo sin ningún tipo de traba”, ha expuesto Pich. Y ha demandado: “Desde el Consejo General de Economistas pedimos a los gobiernos —estatal y autonómicos— que garanticen un mejor escenario regulatorio para este tipo de entidades, y trabajen en la estandarización de los requerimientos mercantiles de las fundaciones, pues la normativa presenta bastantes diferencias en función del ámbito territorial donde realicen su actividad”.

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha anunciado la presentación, el próximo 22 de junio, de la Guía de información no financiera. Un texto que pretende servir de ayuda para la elaboración, verificación y depósito de este tipo de información vinculada a la sostenibilidad de los negocios y su responsabilidad social. “Hemos de esforzarnos por alcanzar una Europa sostenible en el ámbito ambiental, social y en la gobernanza”, ha declarado Adán. Además, ha destacado de este estudio que puede suponer un referente de buenas prácticas para todas las fundaciones creadas en España.

Por su parte, Salvador Marín, ha lamentado el reducido tamaño de las fundaciones, “un mal endémico de nuestro país que afecta a todo tipo de entidades”, que ahora pretende ser atajado mediante la Ley Crea y Crece, en estos momentos en tramitación parlamentaria, y a la que “desde el CGE hemos presentado alegaciones enfocadas a facilitar la constitución de entidades de economía social y favorecer su crecimiento, pues el texto legal parece estar solo pensado para sociedades mercantiles”. Además de la necesidad de mejorar la transparencia e incrementar el tamaño, Marín ha destacado otros retos para el sector, entre los que se encuentran “la aceleración de la innovación y la transformación digital, y una mayor profesionalización en los ámbitos de gobernanza y gestión, y adicionalmente en aspectos como el cambio climático, la lucha contra la contaminación, y, en general, en temas de dependencia, asistenciales y de atención a desplazados por causas bélicas o económicas”.

Durante su intervención, el presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI), del CGE, Francisco Javier Martínez, ha comentado la utilidad de los estudios del CGE como este dedicado a las fundaciones, “por ser útiles y apreciados tanto por los profesionales que los utilizan como por la propia academia, pues ayudan a profundizar en aspectos clave, como puede ser la casuística contable de un determinado sector, coadyuvando en la adquisición de un mayor y certero conocimiento, lo que hace que nos podamos situar en una mejor posición a la hora de proponer cambios normativos”.

 

El acto se ha cerrado con un coloquio que ha sido moderado por Francisco Gracia, presidente de EC. Él ha señalado que “cada vez más, las fundaciones trabajan sobrepasando las fronteras de un determinado país; sin embargo, el enfoque de los reguladores internaciones ha sido desarrollar solo estándares contables para entidades con fines de lucro del sector privado, como es el caso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), pese a reconocerse la necesidad de avanzar en la elaboración de informes estandarizados para las entidades sin fines lucrativos que sirvan de referencia”. Y Gracia ha llamado la atención sobre este “vacío normativo, que ha llevado a algunas jurisdicciones, como la española, a desarrollar sus propios estándares, algo loable pero que no permite la comparabilidad de la información financiera entre países”.

 

Más información
⇒ Descargar aquí el estudio Información financiera y no financiera de las fundaciones en España
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