La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), presidida por la abogada Emilia Zaballos, ha logrado que los titulares de una plataforma de estafadores (P. S. M.) reconocieran su delito y se vieran forzados a devolver la cantidad defraudada a los afectados antes del juicio.

Había formulado querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia por delitos de estafa, apropiación indebida y otros, contra P.S.M., persona física y la mercantil con la que actuaba, en representación de un grupo de afectados. El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia admitió la querella y procedió a señalar pruebas, dando traslado de la querella y citando a los querellados a declarar.

Ante el riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados, junto con sus letrados, han llegado a un acuerdo con los abogados de los afectados representados por la AAIC. Con este acuerdo se ha conseguido el resarcimiento a plena satisfacción de las pretensiones de todos los afectados representados. A Cambio, la AAIC ha retirado la querella frente a las personas física y jurídica, tras haber recibido el pago de los querellantes.

“Estamos muy satisfechos, ya que nos encontramos ante el primer caso de satisfacción extrajudicial de los estafados conseguido por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas”, afirma su presidenta, Emilia Zaballos. “Se trata de un primer paso esperanzador, pero hay que seguir adelante defendiendo a los afectados. La única forma de conseguir que se haga justicia con este tipo de fraudes con criptomonedas es plantear querellas colectivas», destaca la directora de Zaballos Abogados.

«Los estafadores aprovechan el vacío legal en el que se hallan las criptomonedas hasta que se apruebe el reglamento europeo que las regula, denominado MiCa. Es necesario que se cree un organismo regulador como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente, además de impulsar la especialización y formación de jueces y abogados en criptomonedas. Además, urge regular la publicidad engañosa, poner énfasis en la seguridad jurídica de las transacciones y fomentar la formación e información sobre las criptomonedas y la familiarización en su uso, por ejemplo, regulando los lugares desde los que se pueden realizar pequeñas transacciones”, concluye.