El DOUE de 20 de junio publica el Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el desarrollo de la contratación pública sostenible.

Insta a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros a que colaboren estrechamente con el Parlamento Europeo, los entes regionales y locales, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones en la consecución de los objetivos comunes que se señalan y, a tal efecto, trabajen en particular para introducir aspectos de desarrollo sostenible en la contratación pública.

Hace hincapié en el concepto de desarrollo sostenible como forma de lograr el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

Considera que los compradores públicos deben poder utilizar sus recursos estratégicamente para apoyar de la mejor manera posible la transición hacia una economía ecológica, innovadora, circular y responsable desde un punto de vista social, en particular invirtiendo en infraestructuras sostenibles y en productos de la economía sostenible o circular, y utilizando procesos y tecnologías que sean a su vez ambiciosos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) perseguidos, al tiempo que se busca la mejor relación calidad/precio y se promueve una amplia competencia en los procedimientos de contratación pública.

Insta a la CE a que considere, en consonancia con el compromiso asumido en el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (y en el Plan de Acción para la Economía Circular, en el contexto de futuras propuestas legislativas, la posibilidad de introducir aspectos de desarrollo sostenible en los procedimientos de contratación pública de bienes o servicios sectoriales.

Subraya que, dependiendo del sector, estos aspectos pueden abarcar desde ODS, capacidades profesionales o especificaciones técnicas relacionadas con el desarrollo sostenible en los contratos, hasta criterios de sostenibilidad, en particular para la ejecución o la adjudicación de contratos. Destaca la importancia de permitir que los compradores públicos determinen la forma más adecuada de incluir estos aspectos en sus procedimientos. Toma nota del trabajo ya realizado por las instituciones de la UE y los Estados miembros a este respecto, y subraya la necesidad de acelerarlo e intensificarlo.

Sectores

Insta a la CE y a los Estados miembros a que colaboren para cartografiar, en relación con la contratación pública, los sectores pertinentes en cuanto a su sensibilidad a los aspectos de desarrollo sostenible, y así evaluar su madurez, teniendo en cuenta, por ejemplo, la capacidad de los operadores económicos para abordar estos nuevos aspectos.

Pone de relieve el trabajo realizado, en curso y futuro a escala de los Estados miembros para establecer el carácter prioritario de determinados sectores; hace hincapié en la necesidad de coordinar este trabajo a escala de la UE.

Destaca el importante papel que pueden desempeñar los grupos de expertos de la CE a este respecto implicando a las distintas partes interesadas e invitándolas a determinar si se debe dar prioridad a los distintos sectores identificados; considera que el Consejo también debe participar en esta labor.

Destaca la importancia de establecer una metodología general que permita a estos organismos determinar si los distintos sectores de actividad deben considerarse prioritarios mediante un análisis exhaustivo de su madurez.

Considera que un trabajo coherente permitirá determinar tanto los textos sectoriales de la UE que podrán ser modificados en los próximos años como el alcance de las modificaciones que deben introducirse en relación con sus disposiciones en materia de contratación pública para contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos establecidos a escala de la UE.

Plazos

Cree que es necesario cumplir estos objetivos dentro de los plazos mencionados de 2030 y 2050, y destaca la importancia de un enfoque gradual y armonizado; considera, por tanto, que los textos relativos a todos los sectores identificados como sectores prioritarios deben revisarse a más tardar en 2030; considera necesario, además, modificar los textos relativos a los sectores restantes a más tardar en 2050, que es el año de referencia establecido para lograr la neutralidad climática de la UE.

Considera esencial que esta labor se integre en un enfoque global; considera, por tanto, que, en la medida en que sea adecuado y viable, la CE y los Estados miembros deben estudiar un marco general cuyo objetivo sea que la contratación pública tenga en cuenta aspectos de desarrollo sostenible y resiliente, independientemente del sector de que se trate.

Destaca la importancia, a la hora de adoptar medidas, de no imponer una carga administrativa excesiva a los compradores públicos y, especialmente, a las subcentrales de compras.

Insta a la CE y a los Estados miembros a que inicien sin demora todos estos trabajos.