El Consejo de Ministros aprobó hoy martes el proyecto de ley de empleo. Una norma que trata de digitalizar los servicios públicos de empleo y ofrecer una atención personalizada a los demandantes de trabajo. Además, se crea un servicio de estudios y se profundiza en el trabajo por objetivos y en la evaluación de la eficacia de las políticas activas de empleo.

El Consejo de Ministros aprobó hoy en segunda ronda la Ley de Empleo remitida por el departamento que dirige Yolanda Díaz. El texto, que ahora deberán aprobar las Cortes, trata de impulsar, con dinero europeo, la digitalización de los servicios públicos de empleo, a fin de dotar a los parados de atención individual, que les conduzca hacia la integración laboral.

El SEPE o servicio público de empleo estatal cambia de nombra antes incluso de que se haya borrado de la memoria su antigua denominación de Inem. A partir de ahora, cuando entre en vigor la norma, se llamará Agencia Española de Empleo. Un bautismo que trata de borrar el pecado original de los servicios de intermediación, que es precisamente el escaso 2% en el total de colocaciones que logran en nuestro país.

Además, la futura Ley de Empleo tratará de acercar el funcionamiento del SEPE a los estándares europeos, donde la atención individual a los parados es norma, según ha recordado hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Orientación individual

Para ello la nueva Agencia se propone digitalizar a fondo su funcionamiento. Y ofrecer un catálogo mínimo a todos los parados en España, independientemente del lugar en que residan.

Pero lo fundamental es el servicio de atención personalizada. Un servicio reforzado de orientadores aconsejarán a los parados en función de sus circunstancias personales, y trazarán un itinerario para ayudarles a encontrar trabajo.

Los orientadores contarán con el auxilio de programas de inteligencia artificial, que cruzarán montones de datos sobre el sector, la edad del solicitante, y la demanda de mano de obra en cada instante. El Ejecutivo habló hace tiempo de la necesidad de contar los 7.000 orientadores por cada millón de demandantes de empleo, cuya cifra alcanza hoy los 4,2 millones de personas; de los cuales en paro están 2,92 millones.

La idea es aumentar la eficacia de las políticas de empleo. Y beneficiar con ellas sobre todo a parados de larga duración, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, y diversos colectivos, como minorías étnicas, personal de sectores en crisis, víctimas de violencia de género, solicitantes de asilo, migrantes, personas LGTBI y con discapacidad.

También se pretende mejorar la colaboración entre las Administraciones. Y dotar de nuevos fondos a los ayuntamientos que puedan ejecutar estos programas de empleo.

Y evaluar a fondo la eficacia de las políticas de empleo, en torno a la empleabilidad o posibilidades de hallar empleo de los usuarios. Para ello se inauguran tres tasas o indicadores, que medirán la citada empleabilidad, así como la intermediación de la Agencia y la “cobertura”.

Nuevo servicio de estudios

Todos esos datos se integrarán en una red de información común, que ayudará por un lado a los demandantes de empleo, y por otro a un nuevo servicio de estudios, que, bajo el nombre de Oficina de Análisis de Empleo, analizará el funcionamiento del mercado de trabajo y de los servicios públicos de intermediación y asesorará a las Administraciones en materia de políticas de empleo y mercado de trabajo.

Las empresas que deseen ayuda de la futura Agencia Española para el Empleo también podrán hacerlo. Deberán enviar sus demandas de vacantes a la Agencia, que las publicará en un portal nacional. Y a cambio recibirán además de un servicio de intermediación laboral, consejos sobre sus necesidades de formación y “acompañamiento ante el cambio de modelo productivo”.