Por norma general, las entidades cotizadas que no presentan la información correspondiente al mercado en fecha y forma reciben un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como paso previo al establecimiento de una eventual sanción por incumplimiento de la Ley del Mercado de Valores.
El Banco de Valencia es objeto de una inspección por parte del Banco de España que está a punto de finalizar, y registra una elevada exposición al sector inmobiliario que podría requerir una recapitalización por importe de entre 600 y 800 millones de euros.
El Banco de Valencia ha sufrido además cambios en su cúpula directiva, ya que José Luis Olivas, actual vicepresidente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y vicepresidente de las participadas de Bankia, abandonó recientemente la presidencia de la entidad, ahora pilotada por Aurelio Izquierdo.
Fuentes financieras consultadas explican que es habitual que la CNMV no imponga sanciones si el retraso en la presentación de las cuentas está adecuadamente justificado por motivos como cambios relevantes en el organigrama directivo.
Asimismo, recuerdan que existen precedentes en este sentido de otras cotizadas como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que presentó las cuentas días después de la fecha establecida. Esta caja alicantina, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio, se encuentra actualmente en proceso de adjudicación.
Lazard muestra su interés por la entidad valenciana
Además, el banco de inversión Lazard sondea el interés comprador por el Banco de Valencia en el sistema financiero español, operación que permitiría a su matriz BFA desprenderse de la participación del 27,3% que controla en la entidad alicantina.
BFA, banco que preside Rodrigo Rato, considera que su participación del 27,3% en Banco de Valencia es meramente financiera y evalúa todas las alternativas posibles para afrontar un eventual impacto negativo del Banco de Valencia.
Entre dichas alternativas figura desprenderse de su participación, recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que supondría la entrada de dinero público en la entidad valenciana, participar en la ampliación de capital de hasta 60 millones de euros que planea acometer, y asumir las necesidades de solvencia de dicha filial.
BFA ha de hacer frente además a las exigencias de mayor capital establecidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) por importe provisional de 1.140 millones de euros antes del próximo mes de junio.
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