El tiempo para salvar parte de lo que fue el grupo tecnológico y energético Abengoa está a punto de concluir. La decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) de no aportar dinero público a la empresa andaluza empuja a la sociedad a intentar refugiarse en la normativa que regula el preconcurso de acreedores. La protección legal se solicitaría para las filiales de Abenewco (la compañía que aglutina los activos productivos) que cuenten con más posibilidades de sobrevivir; con ese fin ahora está abierto el proceso de selección.

La decisión se abordará en una inminente reunión del consejo de administración puesto que el plazo para alcanzar un nuevo acuerdo con los acreedores concluye el 1 de julio. La medida legal, si es aceptada, daría cuatro meses adicionales para encontrar un comprador o inversor, al tiempo que para renegociar con los acreedores. Y evitar que algunos de los damnificados por la deuda insten el concurso obligatorio que pondría fin a la historia de la compañía que lleva inmersa en una profunda crisis en los últimos años.

El 1 de julio es también una fecha clave para la matriz, Abengoa SA, que está a un paso de la liquidación. Ese día. este viernes, está obligada a presentar al juez que gestiona su concurso de acreedores un convenio que evite pasar a esa fase. El presidente de Abengoa SA, Clemente Fernández, ha solicitado al juez que le dé más tiempo para lograr el convenio. Fernández representa además a accionistas minoritarios.

Los informes que han analizado los directivos de la SEPI y los asesores que han trabajado en las operaciones para intentar salvar al grupo andaluz muestran, según fuentes consultadas, que los anteriores administradores de Abenewco1 (filial que pidió el rescate) no dieron la información requerida ni exacta para que un plan de salvación pudiese ser elevado al Consejo de Ministros.