TaxCripto, la primera plataforma completamente adaptada a la legislación fiscal española para ayudar a los pequeños y medianos inversores en criptomonedas a liquidar sus impuestos, pondrá a disposición de sus clientes toda la información necesaria para cumplimentar el nuevo modelo 721 requerido por Hacienda.

Este nuevo modelo se incluye dentro del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley General Tributaria para desarrollar las nuevas obligaciones sobre criptomonedas creado la Ley de Lucha contra el Fraude.

El reglamento establece que las personas y entidades residentes en España, así como los establecimientos permanentes en territorio español de residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales -bien como servicio principal o accesorio a otros- quedarán obligadas a presentar una nueva declaración informativa anual detallando la totalidad de monedas virtuales gestionadas con dichas contraseñas.

De este modo, TaxCripto busca ayudar a todos sus usuarios en el proceso de obtención de la información fiscal, eliminando los errores de gestión y cálculo de transacciones y aplicando los últimos criterios fiscales emitidos por la Agencia Tributaria española para la gestión de declaraciones de IRPF, Patrimonio y se ajustará a los requisitos que se establezcan en el modelo 721 (o modelo equivalente). Además, la plataforma garantiza en todo momento la adaptación a todos los requisitos normativos, tanto actuales como futuros, teniendo en cuenta que cada tipo de ingreso y gasto requiere de un tratamiento fiscal diferente, así como la utilización de métodos de valoración como el método FIFO (First In First Out) universal.

Desde la plataforma española también informarán sobre el posible régimen sancionador, que previsiblemente y a falta de nueva actualización formal, continuará siendo el mismo que para el resto de obligaciones tributarias de información, es decir, 20 euros por dato o conjunto de datos erróneo con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

En esa misma línea, desde Taxcripto continuarán su labor de educación financiera con foco principal hacia el pequeño y mediano inversor de criptomonedas, ayudándole en la gestión y control tributario de estos activos adaptando sus servicios al número de transacciones que necesiten analizar, las integraciones con otras plataformas y el acceso a informes fiscales. La plataforma cuenta actualmente con 16 exchanges y 9 billeteras, acceso a más de 4.000 criptomonedas y 11 tipos de transacciones principales, aunque estas características serán ampliadas de cara a la campaña de Renta del 2023 según los comentarios y peticiones recibidas desde sus propios usuarios

Más de la mitad de las transacciones, permutas

En la actualidad, en España existen, aproximadamente, 4,4 millones de inversores en criptomonedas, según cálculos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), con un crecimiento superior al 100% en los últimos tres años, y estos activos supusieron movimientos por un importe de 60.000 millones de euros, lo que corresponde a un 4,8% del PIB y un 2,7% de todos los activos financieros transaccionados en España.  Bajo ese contexto, y desde su lanzamiento, TaxCripto cuenta más de 80.000 transacciones procesadas, siendo un 85% transacciones declarables fiscalmente en el IRPF. Así, dentro de las transacciones declarables en IRPF, destacan las Permutas (intercambio de criptomonedas) con un 62% del total, seguidas de las operaciones de Staking con un 18% del total. Y, finalmente, las ventas de criptomonedas, que suponen un 20% de las transacciones registradas en la aplicación sujetas a impuestos.

Jesús Luna, fundador y CEO de TaxCripto, explica que “casi uno de cada cinco españoles ha invertido en criptodivisas en alguna ocasión, sin embargo, no todos son inversores 100% familiarizados con el sector ni con su fiscalidad. TaxCripto, nació en tiempo y forma con la finalidad de automatizar el proceso de liquidación de estos activos y ayuda a eliminar errores en la aplicación de los criterios fiscales y evitar, en la medida de lo posible, sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Se trata de un proceso ante el que más de ocho millones de españoles deben estar en alerta.”