La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de levantar la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilegales que la compañía habría hecho al grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Con esta impugnación, avanzada por El Español y confirmada por Europa Press en fuentes jurídicas, el Ministerio Público trata de revocar el archivo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó el pasado 23 de junio para Sánchez Galán por la prescripción de los hechos por los que se le imputaban delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

El instructor explicaba que la presunta participación de Sánchez Galán en los hechos investigados «comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009» y fue imputado en 2021, por lo que el plazo de prescripción de diez años se habría superado.

No obstante, el magistrado señaló que «la contundencia» de la resolución dictada el 3 de junio por la Sala de lo Penal, que archivó la causa para el ex jefe de Gabinete de Sánchez Galán Rafael Orbegozo, apreciando de oficio la prescripción de los delitos que se le achacaban, «no deja margen de actuación».

García Castellón recordó que Sánchez Galán únicamente estaba investigado por los proyectos ‘Arrow’, que se habría desarrollado entre 2004 y 2006; ‘Black Board’ o ‘BB’ (2004 y 2005); y ‘Gipsy’ y ‘Posy’ (2009).

‘Arrow’ habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz), mientras que el cometido de Villarejo en ‘Black Board’ habría sido conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Con ‘Gipsy’ el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, habría tenido que investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que podía mediar el pago de comisiones ilegales. Y con ‘Posy’ las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con el presidente de ACS, Florentino Pérez.

De esta forma, el juez atendió el último escrito de Sánchez Galán, donde volvía a pedir a García Castellón que le dejara fuera de sus pesquisas apoyándose, precisamente, en el dictamen de la Sala de lo Penal sobre Orbegozo.

El propio instructor recordó que otras solicitudes similares del presidente de Iberdrola habían sido desestimadas «de forma reiterada» porque para el juzgado había una continuidad en los hechos investigados que descartaba la prescripción.

Con sus últimas decisiones, que incluyen el archivo para otros ex directivos de Iberdrola, el magistrado ha ido desbrozando esta pieza separada número 17 donde investiga los encargos ilegales que la compañía habría hecho a Villarejo desde 2004 y por los que el comisario se habría embolsado más de un millón de euros.