La Asamblea General de Purísima Concepción MPS, que se tuvo que suspender el 30 de mayo ante la masiva asistencia de mutualistas, se celebró el 30 de junio  en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Los mutualistas acordaron no comenzar un proceso societario ni la disolución voluntaria, y han requerido a la Junta para que busquen alternativas de viabilidad de la
Mutualidad.

«En estos momentos la Junta se debate entre la disolución forzosa o atender esta petición, lo que dependerá de los requerimientos del regulador, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones», explican en la aseguradora.

La mutualidad sufre una situación de desequilibrio patrimonial, por lo que la Junta propuso a la asamblea de mutualistas la apertura de un proceso de integración de Purísima en otra aseguradora más solvente para evitar su disolución o, en su defecto, la disolución voluntaria de la mutualidad y el inicio del proceso de liquidación.

Los mutualistas rechazaron ambas propuestas, como también votaron en contra del informe de gestión, memoria y cuentas anuales de 2021 y de la ratificación de los nombramientos de los nuevos miembros de la junta directiva.

Purísima Concepción Mutualidad de Previsión Social se constituyó en 2005 y tiene naturaleza de entidad aseguradora privada sin ánimo de lucro. En 2008, se alcanzó un acuerdo de adscripción de los bienes y obligaciones de la Archicofradía de la Purísima Concepción a la Fundación Purísima Concepción para transferirlos a la mutualidad.

Antes de eso, el negocio que se practicaba en la Archicofradía estaba asimilado al seguro de Decesos. Para cumplir con los requisitos aplicables a la actividad aseguradora, la mutualidad solicitó autorización a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para operar en el ramo de decesos, junto con la adscripción de los cofrades de la Archicofradía.

Se estableció entonces un plan de adaptación de la provisión de Decesos correspondiente al colectivo de archicofrades a las previsiones marcadas en la legislación vigente en aquel momento. Pero el plan quedó desfasado, identificándose un déficit de 47 millones€ al cierre de 2020 tras actualizarse las hipótesis del plan, que tuvo que dotarse en las cuentas de 2021.

En el informe especial de revisión independiente de las cuentas de 2021, Deloitte señaló que, ante esta situación, la mutualidad presentaba una insuficiencia de fondos propios admisibles para la cobertura del capital de solvencia obligatorio «que podría dar lugar a la adopción de medidas de control especial».

Además, la firma hizo énfasis en que el patrimonio neto de la mutualidad era inferior a la mitad de la cifra de su fondo mutual, por lo que «se encuentra en causa de disolución», una situación que indicaba la existencia de «una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la mutualidad para continuar como empresa en funcionamiento».