La lotería judicial

05/07/2022

Josep M. Orta.

El añorado Michael Robinson, que en su juventud había jugado en el Manchester City y el Liverpool entre otros equipos ingleses, aseguraba que en sus tiempos nadie conocía el nombre de los árbitros y la gente aceptaba que aplicaban el reglamento como mejor sabían.

A uno le gustaría que esto también sucediera en la justicia española donde los jueces, especialmente los altos cargos, no sólo tienen nombre y apellidos si no que además se les acostumbra a asociar con el partido que les ha propuesto. Y lo malo es que con demasiada frecuencia ello se nota en sus sentencias.

En una democracia normal la renovación de la cúpula judicial tendría que ser casi un trámite en el que la mayoría se pusiera de acuerdo con los candidatos, por ello la Constitución no puso plazos para su relevo cuando les caducara su mandato y algunos se han acogido a esta deficiencia en provecho propio.

Las reticencias del PP en facilitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial es escandalosa y todo ello por que perderían la actual mayoría conservadora y con ello el sentido de no pocas sentencias (se constata en los votos particulares de no pocas sentencias), con lo que el ciudadano de a pie puede considerar que si se ha de afrontar a un problema judicial entra en un mundo que no controla y cuya condena o absolución puede que no sea fruto de una aplicación técnica de las leyes si no del perfil ideológico del tribunal que le corresponda, con lo que deja a los ciudadanos con un estado de indefensión y en consecuencia en un descrédito del sistema judicial español.

Además hay magistrados que no ocultan su papel de “salvadores de la patria” y hacen declaraciones o tuits que cuestionan seriamente su imparcialidad a la hora de abordar determinados temas, hasta el punto que transmiten la sensación que la justicia española no sólo está politizada si no que han cogido gusto para usar la justicia para hacer política, hasta el punto de señalar lo que se puede o no se puede debatir en un parlamento.

Lo malo es que con el actual modelo esta situación es muy difícil de revertir, con lo que la justicia – con mayorías conservadoras o progresistas – seguirá sin ser ciega durante mucho tiempo.

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