La inflación se pasea por Europa con soltura y el estupor de los ciudadanos de la UE y, especialmente los de la Unión Monetaria, es mayúsculo. ¿Pero no decían que esto no podía pasar con el euro por montera?  Pues está pasando y ¡con qué virulencia! El fenómeno de la exuberancia monetaria, perfectamente explicado, a estas alturas, produce tanta estupefacción en los gobiernos como en los ciudadanos de a pie.

El problema es que los gobiernos del euro, salvo honrosas excepciones, bucean en el vademecum en busca de soluciones viables, no milagrosas y no se les ocurren muchas de las medidas que deberían estar adoptando ya sin dilación. A los gobiernos de los países del euro, les condicionan, como siempre, sus expectativas políticas y, en general éstas suelen ser paralizantes, con el gran argumento de que no vaya a ser que…  Así que les resulta más cómodo y menos arriesgado esperar a que sea el Banco Central Europeo quien se responsabilice de luchar contra la corrosión monetaria.

Así parece que le ocurre al Gobierno español, que confía tan ciegamente en que el BCE le saque las castañas del fuego, que no ha puesto prácticamente nada sobre el tapete salvo unos decretos concatenados cuyos efectos benéficos iban a ser inmediatos. No lo fueron en mayo, no lo fueron en junio y dicen que por fin se notarán en julio. La vicepresidenta responsable de la economía va dando palmetazos de papamoscas a ver si hay suerte y baja unas décimas la inflación, asustada como un mosquito ante la vehemencia de la desesperada titular de Economía.

No hacer nada y que sea la recesión la que vuelva a colocar los precios en su sitio, podría ser una decisión política, una opción estratégica, pero nunca sería válida porque si en otros países y en otras áreas económicas no se entrara en recesión, los precios, especialmente los de la materias primas, no evolucionarían a la baja o no lo harían con la rapidez y la profundidad necesarias. Así que el Gobierno, le convenga o no le convenga, tendrá que actuar. La cuestión es si tiene la fuerza necesaria para tomar decisiones graves. Y ahí parece que tropezamos.

Si una parte del propio Gobierno está dispuesta a exacerbar a la opinión pública contra las medidas que adopte el Ejecutivo del que forman parte, la andadura toca a su fin. Pero también pudiera ocurrir que alguna operación política en ciernes, como la representada por la vicepresidenta segunda, esté causando esa parálisis. Sería tragicómico para Sánchez y Calviño que el siempre mentado (y nunca planteado seriamente) pacto de rentas, lo tenga retenido la ministra Díaz desde el mes de marzo, cuando se invocó por primera vez. Y que una vez en marcha el proyecto personal de Díaz, el tal pacto se haga como por ensalmo, colgándose la ministra de Trabajo todas las medallas. La lealtad no está en el diccionario de UP.

Más allá del nonato pacto de rentas, habría otras medidas de ajuste presupuestario que podrían adoptarse y que afectarían a la administración central a las comunidades autónomas y a las administraciones locales. Miles de millones en subvenciones y cientos de programas perfectamente prescindibles; ayudas, contratos y suministros, cuchipandas y kermeses, eliminados de oficio; inversiones redirigidas a la eficiencia económica, desvestidas de oropeles inaugurativos preelectorales. En fin, nada que ustedes, al menos los que ya han pasado por situaciones semejantes, no sepan.

Cualquier cosa que no sea luchar contra la inflación, con freno y marcha atrás.