Fuentes sindicales reclamaron hoy al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación que favorezca la firma de un Pacto de Rentas, a fin de repartir los costes de la crisis energética y de precios. Estas fuentes culpan al Ejecutivo de dilapidar la acción frente a la crisis con la aprobación de medidas inconexas, en lugar de coordinar sus medidas con vistas a alcanzar un acuerdo entre los empresarios y sindicatos.

Estas fuentes, próximas a la negociación con el Ejecutivo, critican la aprobación de medidas como la ayuda de 200 euros, que puede solicitarse desde el pasado viernes, y que cobrarán las familias con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros.

Reprochan además al jefe del Ejecutivo la falta de información sobre las nuevas medidas contra la crisis que el presidente del Gobierno tiene pensado anunciar esta semana en el Congreso durante el debate sobre Estado de la Nación.

Argumentan en estas fuentes que el Gobierno hubiera podido engrasar el acuerdo entre empresarios y sindicatos, si la ayuda en lugar de 200 euros, hubiera ascendido a 300 euros, y beneficiado a nueve millones de personas, en lugar de los 2,7 millones previstos.

En ese caso, el pago de la ayuda hubiera actuado como contrapeso y moderado la reclamación salarial a los empresarios, al contar las familias con un respaldo económico en su afán por superar la crisis.

Otras medidas que reclaman los sindicatos fueron explicitadas este lunes por el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, quien reclamó subidas impositivas a las empresas, especialmente en sectores que se visto beneficiados por la actual coyuntura, como las empresas de energía o la banca, cuyos beneficios repuntarán una vez que el Banco Central Europeo eleve los tipos de interés.

Sordo: “Hay margen con las cláusulas”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, interviene en una concentración de CCOO y UGT para exigir salarios dignos frente a la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El secretario general de Comisiones Obreras ha afirmado que aún hay “margen para el acuerdo” entre los empresarios y sindicatos en su intento por fijar el ritmo de la subida salarial para los próximos años, a pesar del fracaso del primer intento el pasado mes de mayo.

El líder de CCOO se abrió hoy a una fórmula mixta de compensación de la inflación mediante unas cláusulas salariales que se activen en parte a final de año, y pospongan hasta 2024 el resto de dicha compensación, ligada a la subida de los precios.

En cambio Sordo considera inviable aplazar dicha compensación al completo hasta 2024. “Hasta el 31 de diciembre de 2024 hay muchas cestas de la compra por llenar”, ejemplificó el líder sindical, quien defendió compensar al menos en parte cada año el desfase entre la subida de los precios y de los salarios.

Insistió sin embargo en que “hay margen” para la negociación si, en lugar de activarse al 100% al final de cada año, estas cláusulas de revisión se activan al 50%, y compensan la mitad del desfase al término de cada ejercicio y la otra mitad al final de ese período de tres años; uno de los plazos que manejan los negociadores del hasta ahora malogrado Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Sin embargo, en fuentes sindicales de la negociación ven “muy difícil” la consecución de ese Pacto de Rentas debido, afirman, al desinterés de la patronal CEOE en firmar un acuerdo que no desean; junto a la ya mencionada torpeza o falta de interés por parte del Gobierno, cuyas medidas no incentivan el acuerdo, reprochan.

Movilización de los funcionarios

Un pacto de rentas que, según los sindicatos, debe olvidar la opción de “devaluar” las rentas de pensionistas y empleados públicos, tal y como le reclaman algunas voces, preocupadas por los efectos de estos gastos sobre el déficit público.

Así, CCOO ha convocado, sin UGT, una movilización de los empleados públicos a las puertas del Congreso este jueves, 14 de julio, coincidiendo con la celebración del debate sobre el Estado de la Nación, donde Sánchez anunciará nuevas medidas contra la crisis.

Comisiones acusa al Gobierno de incumplir su promesa de convocar la mesa negociadora, y recuerdan que el último pacto salarial firmado con la Administración se firmó en 2018 con el Gobierno del Partido Popular.