España parte con desventaja a la hora de captar fondos para financiar sus infraestructuras. Según el Foro PPP –que agrupa a constructores y concesionarias y que defiende la colaboración público privada-, el país corre el riesgo de dejar pasar inversiones internacionales por falta de claridad jurídica en torno a los costes del suelo. Un problema que junto a la mala planificación ha provocado la probable quiebra de las concesionarias de las radiales de pago que rodean Madrid.

“Ahora que no tenemos dinero, tenemos tiempo para pensar”, admitió este miércoles en Madrid el presidente del Foro PPP, Pedro Michelena, en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). La colaboración público privada financió un 40 por ciento del total de la obra pública realizada en 2010 en España, frente al 10 ó 15 por ciento anteriores a la crisis. El notable aumento de la participación privada se explica por la caída en la cifra de proyectos licitados por el método tradicional, que apenas alcanzarán los 20.000 millones de euros este año, según las previsiones de Seopan, patronal de la construcción. En años anteriores a la crisis, la cifra anual rondaba los 40.000 millones de euros anuales.

Los constructores de obra pública reclaman además la creación de un instrumento que permita captar ahorro privado. Así, el Foro PPP quiere que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) juegue un papel similar al del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que garantiza emisiones de deuda a largo plazo adquiridas por ejemplo por fondos de pensiones. Estados Unidos y Chile son dos de los países donde funciona está fórmula.

España necesitará financiar los próximos años infraestructuras dedicadas al transporte por tren de mercancías, una gran red de depuradoras y otras obras relacionadas con el agua, como desaladoras. El país también precisa equipamientos sociales, como juzgados y hospitales, así como adecuar su red de puertos a fin de competir con nuevas instalaciones, como la de Tánger -en el vecino Marruecos- que pronto competirá con el puerto de Algeciras.

Según el Foro PPP, el corredor Mediterráneo tiene más posibilidades de convertirse en realidad que el corredor Central, tras la elección del primero por parte de la Unión Europea como infraestructura prioritaria. El corredor Mediterráneo, que unirá Algeciras con la francesa Perpignan, costará entre 50.000 y 80.000 millones de euros, un 20 por ciento de los cuales corre a cuenta de la administración europea.

Por otro lado, el Foro considera que el proyectado AVE Madrid Lisboa se quedará finalmente en un simple tren de “velocidad alta” que unirá Badajoz y la capital española, tras la renuncia a construir el tramo portugués por parte de Lisboa. Según sus cálculos, los trenes que recorran esta vía lo harán a una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, en lugar de los 300 kilómetros por hora inicialmente proyectados.

Concesionarias quebradas

El sector ha pedido además “una solución” para la quiebra que amenaza a las concesionarias de la red de autopistas radiales que rodea Madrid. Según los empresarios, el grupo de bancos internacionales que financió la obra de la R-4 amenaza ahora con ejecutar la garantía del préstamo y obligar al Estado así a asumir su “responsabilidad patrimonial” en la infraestructura, lo que podría terminar incrementando el volumen de deuda que soporta la Administración.

En su lugar, el sector reclama que el Estado se quede con la red de autopistas radiales, si bien admite fueron “muy mal planificadas” por parte de las empresas que en plena vorágine inmobiliaria emprendieron la obra.

Así, el sector echó la vista atrás para admitir la existencia de “incentivos perversos” en cada uno de los protagonistas implicados en la puesta en marcha de obras de infraestructuras, según admitió el socio de Garayar y asociados, un bufete con experiencia en el sector, Gervasio Martínez-Villaseñor. En concreto, el abogado defendió una mayor separación de los propietarios de las constructoras y de las concesionarias. En su opinión, en los tiempos del boom, el control de las concesionarias por parte de las constructoras motivó la realización de obras poco rentables.

El sector reclama además la creación de una Oficina Pública que recoja la experiencia acumulada en la construcción de infraestructuras por este sistema.

Además abogan por soluciones que contribuyan a paliar la actual falta de financiación, sin excluir el copago. Entre estas medidas enumeran la llamada “euroviñeta”, que obliga a los vehículos pesados a pagar un peaje por el uso de la red de transporte, en particular las autovías. “Obligatoriamente vamos a tener que cambiar el enfoque”, advirtió el director gerente del Foro PPP, José Díaz-Caneja, que alerta además sobre la inseguridad jurídica provocada por la defectuosa legislación sobre expropiaciones.

Según los empresarios, los jueces continúan dictando sentencias que establecen precios abusivos de expropiación de suelos, a pesar de que existe nueva normativa ya en vigor. Por ello reclaman al Estado que clarifique la legislación a fin de conocer con antelación cuál es el coste del suelo, uno de los factores básicos en el coste final de una infraestructura. En caso contrario demandan que sea el Estado el que corra con el riestgo por incrementos en el precio del suelo. Actualmente, se precisan diez años de pugna judicial para aclarar este cuestión en el ámbito judicial.