El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la segunda jornada de la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados.

Anne Grammatico, analista de Scope Ratings, tiene claro que si el Gobierno aumenta los impuestos a las empresas de servicios públicos, los beneficios de las compañías se verán impactados, aunque en el caso de Iberdrola y Endesa espera que «el efecto sea más moderado dada su diversificación geográfica».

Pero avisa que «cualquier subida de impuestos y la falta de previsibilidad de la política fiscal del Gobierno español corren el riesgo de comprometer el calendario y el volumen de inversión de capital de las empresas, que es vital para la transición de España hacia un futuro con menos emisiones de carbono».

Además, «con menos beneficios retenidos por el impuesto, las empresas de servicios públicos podrían pedir más préstamos para seguir invirtiendo, lo que provocaría un deterioro de su nivel de apalancamiento».

En septiembre de 2021, el Gobierno dijo que aplicaría un impuesto extraordinario durante seis meses a los operadores de electricidad con el fin de recaudar fondos para subvencionar a los consumidores finales en respuesta a la subida de los precios de la electricidad en el mercado minorista. Sin embargo, el Gobierno se retractó al mes siguiente tras las quejas de las compañías españolas. Uno de los factores que influyó en la marcha atrás del Gobierno fue que los Estados miembros de la UE no habían aplicado impuestos similares. En ese momento, Iberdrola estimó que el coste de esa medida rondaría los 2.000 millones€ al año. En su informe correspondiente a los nueve primeros meses de 2021, Iberdrola declaró que el impacto fiscal de la aplicación de este impuesto durante dos semanas fue de 85 millones.

Replanteamiento de la política energética

El Foro Industria y Energía reclama un replanteamiento de la política energética, porque la prioridad en el momento actual debe ser «garantizar el suministro de gas tanto para la industria como para los hogares». Y la infraestructura energética actual en España «no permite prescindir al cien por cien del gas, ni en la industria ni en los hogares».

Nuria G. Rabanal, directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Universidad de León y experta en Estrategia Internacional del Foro Industria y Energía, considera «necesario articular una política energética que garantice el suministro de este recurso y contenga el precio de la energía para evitar que más hogares vulnerables entren en pobreza energética».

A la problemática de la posible escasez de gas derivada de la guerra de Ucrania y las tensiones con Argelia, el Foro añade el peligro del importante crecimiento de la inflación, que perjudica tanto a los costes de producción industrial como al poder adquisitivo de los hogares.

Y avisa que nacionalizar el sector energético (como hace Francia con EDF) o aplicar nuevos impuestos a las energías pueden llegar a agravar el problema en vez de resolverlo.

«Como ‘mal menor’, el establecimiento temporal de un límite máximo de precio de la energía podría amortiguar la inflación y garantizar el acceso energético de la industria y los hogares», señala el Foro, que defiende continuar trabajando en la electrificación, tanto de los hogares como de la industria, para reducir su dependencia del gas, garantizar la soberanía energética y dar mayor cabida al resto de fuentes de energía renovables.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) argumenta, ante el anuncio de un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas, que «no solo no hay beneficios extraordinarios», sino que además la crisis actual está reduciendo los resultados de las eléctricas. Y recuerda que desde el verano pasado se han implementado numerosas medidas en el mercado eléctrico para reducir la factura.

La banca cree que el impuesto «distorsiona el mercado»

La directora asociada de instituciones financieras de Scope Ratings, Chiara Romano, afirma, sobre el nuevo impuesto temporal a los grandes bancos españoles, que «es demasiado pronto» para cuantificar el impacto de la tasa, aunque no espera que las entidades cambien «radicalmente» sus previsiones.

La banca del Ibex 35 a perder más de 5.000 millones€ de capitalización en la jornada del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siendo los más perjudicados aquellos bancos más centrados en el mercado español.

Este impuesto, que estaría vigente durante 2023 y 2024, puede suponer unos ingresos de 1.500 millones€ cada año, según las previsiones del Gobierno, y representa alrededor del 7% del beneficio neto atribuible de los diez mayores grupos bancarios en 2021.

«Es demasiado pronto para cuantificar los impactos, incluyendo cualquier cambio en los planes para devolver capital a los accionistas», precisa Romano.

La experta de Scope señala que los principales bancos españoles han informado de una sensibilidad de los ingresos del 18% de media a un aumento de 100 puntos básicos de los tipos de interés. Pero matiza que el desfase entre el aumento de la curva de rendimiento y la capacidad de los bancos para reajustar los precios en beneficio de los márgenes de interés «significa que los efectos completos no se producirán hasta 2023» y que el nuevo impuesto «frenará» la esperada mejora de la rentabilidad.

Sostiene que esta tasa «no es una preocupación inmediata» en unos bancos que han experimentado mejoras en la morosidad (la media está en niveles similares a los de otras entidades comparables de la Unión Europea) y en «elevada» cobertura de ésta. «El coste del riesgo de los bancos españoles –que mide el tamaño de sus provisiones en relación con sus carteras de préstamos– también ha tendido a la baja, aunque estaba por encima de los niveles prepandémicos en el primer trimestre. La dirección de los ratios de coste-ingreso también ha sido positiva», añade.

Romano no espera que los grandes grupos cambien «radicalmente» sus previsiones por el anuncio de este impuesto, aunque pueden realizar algunos ajustes «justificados».

Por su parte, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano,  afirma que el nuevo impuesto temporal a la banca refleja «la improvisación jurídica» en que opera «un sector tan importante para la economía y la sociedad», y subraya que «distorsiona el mercado».

La AEB ha asegurado que el sector «no ha sido consultado ni informado», a pesar de «mantener un diálogo permanente con el Gobierno. «Los accionistas de la banca española –muchos de ellos ahorradores– han sufrido ya un castigo en Bolsa por este anuncio, que refleja la improvisación jurídica en que opera un sector tan importante para la economía y la sociedad», destaca su portavoz.

Además, la «eventual» subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) «no asegura necesariamente una mejora de la rentabilidad de los bancos» ni «se traduce en beneficios extraordinarios», sino que es consecuencia de la subida de la inflación y «puede provocar una menor actividad económica». «Lo extraordinario han sido los tipos de interés negativos durante muchos años», insiste Martínez Campuzano.

La banca «paga muchos impuestos, superiores a los de otros sectores», la medida va «en contra del principio de igualdad» y no  no hay otros ejemplos similares en los principales países europeos, remarca el portavoz de la AEB

«La banca siempre está ahí para apoyar a las familias y a las empresas a través del crédito. Así sucedió durante la pandemia, a pesar de que la situación económica era complicada. Y con un escenario de tipos de interés negativos, los bancos también han seguido dando crédito en un contexto tan complicado como el actual», defiende.

La CECA, mucho más comedida y prudente, señala que “es necesario conocer los detalles de la medida para poder hacer una valoración más informada». Pero su portavoz, Alberto Aza, señala que «conviene recordar que la subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva, y que no podemos anticipar su impacto neto en los balances de las entidades».

Además, el nuevo impuesto a la banca «es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria».