El Ministerio del Interior actuó con «criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los Derechos Humanos» durante el intento masivo de más de 2.000 subsaharianos de cruzar la valla de Melilla del 24 de junio.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, ha cuestionado el papel de las autoridades españoles en el asalto a la valla de Melilla, argumentando que «vacilaron» a la hora de prestar «la asistencia y auxilios necesarios» para evitar un aumento de la violencia.

Interior defiende que la Guardia Civil actuó «en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional» y siempre «con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos, sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos».

El informe final redactado por la comisión, presidida por Amina Bouayach y Mounir Bensalá, ambos nombrados por el rey Mohamed VI de Marruecos, ha cifrado en 23 el número de muertos y en 217 el de heridos, de los cuales 140 son policías y 77 migrantes, la mayoría procedentes de Sudán y Chad. Todos ellos habían llegado a Marruecos a través de Libia y Argelia.

El CNDH ha indicado así que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la inacción de las autoridades españolas «a pesar de los empujones y enganches de migrantes frente a las puertas que permanecían herméticamente cerradas» y cuya consecuencia «más probable» fue la de «aumentar el número de muertos y heridos».

La entidad considera, además, que las muertes registradas durante el intento de asalto frente al paso fronterizo entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador se produjeron por «asfixia mecánica» a causa de los empujones y la aglutinación de un gran número de personas.

La comisión, sin embargo, no ha podido determinar si el origen de las lesiones de algunos migrantes fueron consecuencia de las caídas y empujones sufridos o, sin embargo, lesiones resultantes de un uso desproporcionado de la fuerza.

El CNDH, que ha realizado numerosas entrevistas con autoridades locales, asociaciones no gubernamentales y migrantes afectados, ha concluido además que «no se recurrió a las balas» en ningún momento y que las fuerzas de seguridad hicieron uso de porras y gases lacrimógenos.

Investigación «independiente, completa y efectiva»

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, reclama a España una investigación «independiente, completa y efectiva» sobre los hechos que provocaron la muerte de 23 personas que intentaron cruzar la valla entre Nador (Marruecos) y Melilla el pasado 24 de junio.

La investigación también debería analizar las circunstancias políticas más amplias relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos con el fin de prevenir futuras tragedias y garantizar que las políticas vigentes no violen las normas de derechos humanos.

En este sentido, la comisaria ha insistido en que las medidas de control fronterizo, incluso en la cooperación con otros estados, no deben contribuir directa o indirectamente a las violaciones de derechos humanos.

El ministro de Interior ha respondido también mediante carta que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, concretamente por parte de la Fiscalía General del Estado y del Defensor del Pueblo.

Comparte «el dolor de España» por las muertes acaecidas el pasado mes y que estos sucesos «además de constituir una tragedia humana, ponen a prueba los dispositivos tradicionales contra el tráfico de personas», citando a las redes criminales que se benefician con la trata.

Pone en valor la asociación entre España y Marruecos en materia de migración y lo ha calificado como un «socio estratégico y comprometido» de la Unión Europea resaltando también «sus esfuerzos operativos» que «impiden decenas de miles de salidas irregulares hacia Europa, además de un número importante de salvamentos en el mar».