La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, desvela que la norma que regulará los impuestos temporales a las empresas energéticas y entidades financieras incluirá la prohibición de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos.

«En la norma tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad», declara en una entrevista en la Cadena Ser.

Montero justifica estos impuestos en un contexto marcado por la escalada inflacionista, que está produciendo mayores beneficios en empresas energéticas (eléctricas, petroleras y gasísticas) y entidades financieras: «Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común».

El impuesto se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones€ cada ejercicio en las energéticas y 1.500 millones€ en los bancos. En total, el Gobierno espera captar 7.000 millones.

» Gran parte del incremento de la inflación se ha debido al incremento del precio de la energía», insiste María Jesús Montero, que habla de «justicia social y fiscal», y rechaza que estos impuestos generen «inseguridad jurídica», como critica la AEB.

«Es un clásico que cuando se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: que se va a ahuyentar la inversión y que inmediatamente va a repercutir sobre los consumidores», añade la ministra de Hacienda.

Calviño se reunirá con la banca

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, se muestra convencida de que «tanto las compañías energéticas como los bancos, que tienen unos planes muy sólidos de RSC, no van a tener ninguna duda de cuál debe ser su comportamiento, poniéndose del lado de la ciudadanía», afirma al término de la Conferencia Sectorial de Transformación Digital.

Los ciudadanos esperan que las «grandes empresas del país estén a la altura de las circunstancias» y comprendan que los sectores que tienen beneficios extraordinarios como consecuencia de la inflación tienen que «arrimar el hombro» y «ayudar» al conjunto de la sociedad

«Aquellos sectores que tienen unos beneficios extraordinarios, las grandes empresas del país que tienen un claro compromiso con la RSC, con planes y constantes declaraciones públicas en defensa del progreso de la sociedad, van a entender perfectamente que es el momento de arrimar el hombro en un contexto tan complejo», ha reiterado Calviño.

Rechaza las críticas de que el Gobierno está «demonizando» los beneficios de las empresas, ya que desde 2018 toda su política económica se ha dirigido a «ayudar» a las empresas, al clima de negocio y a la actividad económica, apoyando a las pymes y a los autónomas con los créditos ICO, los ERTE o la prestación extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia.

Nadia Calviño se reunirá la próxima semana con la banca para abordar el nuevo impuesto. Y explica se está trabajando «en el detalle» de este impuesto con dos objetivos: cumplir con la meta de recaudación fijada (3.000 millones en 2023 y 2024) y «minimizar cualquier fricción o impacto negativo» que pueda tener sobre los ciudadanos.

» Vamos a trabajar bien desde el punto de vista técnico para que sea lo más adecuado posible. Se trata de que aquellos sectores que están teniendo beneficios extraordinarios en el contexto actual arrimen el hombro», subraya.

Nadia Calviño recuerda que «durante los años duros de la pandemia toda la sociedad apoyó al sector financiero», por lo que ve «lógico» que los sectores que tengan beneficios extraordinarios también contribuyan a tener «un reparto justo del coste de la guerra».

«Estamos en un momento en el que todos tenemos que arrimar el hombro, el sector financiero no sufre especialmente el aumento de costes de la energía y de las materias primas, como sí ocurre en otros sectores industriales y, debido a la inflación, están aumentando los tipos de interés, lo que tendrá sus efectos positivos sobre sus beneficios», argumenta.

La vicepresidenta niega que el nuevo impuesto pueda hacer menos atractiva la inversión en España, pues «antes o después todos los países establecerán distintos tipos de mecanismos». España fue la primera en gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas, un modelo que se está imponiendo en Europa. «España es un país muy atractivo para la inversión extranjera», recalca.

También rechaza que este nuevo tributo pueda afectar al crédito pues sus balances están «saneados» y los bancos se han visto reforzados durante la pandemia con la movilización de 140.000 millones de euros de avales públicos. «Esos avales han evitado una crisis financiera y eso hace que sus balances estén saneados y tengan capacidad para dar crédito y, más interesante todavía, con un alza de los tipos de interés», señala Nadia Calviño.