Un fondo gestionado por la Seguridad Social reparará los perjuicios causados en la salud de las víctimas del amianto. Sin embargo, la normativa remitida ayer al Senado deja pendiente importantes cuestiones, como la cuantía de las indemnizaciones así como quién se beneficia de su cobro en caso de fallecimiento de la víctima; asuntos de cuya buena resolución dependerá la eficacia del fondo, advierten desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Se estima que en España han muerto unas 7.000 personas por enfermedades derivadas de la exposición prolongada a este material muy frecuente hace años —hoy prohibido—, que estaba presente en diversos materiales de la construcción, como por ejemplo la uralita.

Un material compuesto por diminutas fibras que, al desprenderse, quedaban flotando en el aire y penetraban por las vías respiratorias de las víctimas para permanecer por un gran espacio de tiempo, provocando en ocasiones enfermedades del aparato respiratorio o digestivo, mortales en muchos casos.

Las víctimas de la asbestosis —asbesto es otro nombre que recibe el amianto — han debido enfrentarse a largas luchas judiciales en su reclamación de justicia y reparación que no llegaba muchas veces hasta después del fallecimiento de las víctimas, recuerda el sindicato CCOO.

Exposición no solo laboral

El fondo aprobado por esta proposición de ley se fija como meta fin reparar los daños y perjuicios sobre la salud derivados de la exposición al amianto en el “ámbito laboral, doméstico o ambiental en España” y de aquellos que “dependieran económicamente del causante”, dice la proposición de ley remitida al Senado tras la aprobación de la proposición de ley en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.

Se nutrirá de aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado — este año con 25 millones, según avanzó ayer la diputada socialista Mercé Pérea — así como de otros fuentes como sanciones o cantidades obtenidas por la vía judicial.

Sin embargo, algunas cuestiones quedan aún en el aire, pendientes de su paso por el Senado y después de la redacción de un reglamento, para la cual se dan tres meses de plazo una vez que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La principal cuestión es fijar quién se beneficiará de las compensaciones pagadas por el fondo. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha defendido hoy que se incluya al cónyuge y los hijos en el caso de las persona fallecidas. “Así sucede en las indemnizaciones que venimos logrando a través de procesos judiciales”, explican desde el sindicato.

Otro aspecto fundamental es fijar la cuantía de las indemnizaciones que cobrarán las víctimas; cuestión que se ha fiado también al desarrollo reglamentario que debe acompañar a la norma en el plazo de tres meses después de su aprobación.

“Sin unas indemnizaciones dignas la mayoría de la víctimas renunciarían a acogerse al fondo y se verían abocadas de nuevo a la vía judicial”, advierte el sindicato.

Además falta fijar también la exención de impuestos de las indemnizaciones que cobren las víctimas del fondo del amianto. El sindicato reclama que este proceso se articule tal y como se hizo con las ayudas a los afectados por VIH, en cuyo caso se fijó primera la exención por el real decreto ley que regula las ayudas, y luego se ratificó modificando el artículo y7 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

“La aprobación del fondo debe ser una gran noticia para las personas afectadas. Pero para que esto sea así tiene que completar su tramitación legislativa y desarrollo reglamentario, asegurando unas cuantías dignas de las indemnizaciones, su exención tributaria y su cobertura a cónyuges, hijos e hijas de las personas que han perdido a sus familiares”, resume el sindicato.

CCOO culpa además al Estado por haber demorado durante demasiadas décadas su prohibición definitiva de uso. “El Estado tiene una clara responsabilidad”, acusan.