El Fiscal de Sala destaca que el negocio de las viviendas prefabricadas ha alcanzado «grandes proporciones e ingentes ganancias», en especial durante la pandemia del coronavirus, que ha motivado, según añade, «la búsqueda de espacios al aire libre». Aunque precisa que el «tema no es nuevo», Vercher asegura que «está adquiriendo proporciones difíciles de calibrar en este momento» y es uno de los asuntos «más preocupantes» en materia urbanística.

Vercher insta a los fiscales en su decreto, fechado este lunes y recogido por Europa Press, a que realicen en sus respectivos territorios las investigaciones oportunas a los efectos del uso de la acción penal, con el objetivo de unificar criterios y después de que la Fiscalía haya analizado informaciones publicada por los medios de comunicación que hablan de un «vacío legal», «dejándole al consumidor la decisión sobre la conveniencia de aprovecharlo».

Para ello, Vercher, que en el decreto desmiente la existencia del supuesto vacío legal, analiza la actual normativa vigente, así como los pronunciamientos coincidentes de diferentes tribunales que han sido compartidos por diversas sentencias del Tribunal Supremo.

El Fiscal de Sala explica que, en el ámbito contencioso-administrativo, los tribunales han manifestado en reiteradas ocasiones que «las viviendas prefabricadas están sujetas a licencia urbanística de obras y a posterior control», así como que los jueces han rechazado equiparar una vivienda prefabricada con una caravana.

Según Vercher, esa posición es coherente con la jurisprudencia que considera que toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación, «a pesar de que en muchas ocasiones los usuarios de casas prefabricadas no las emplazan con las correspondientes conexiones de agua, electricidad, etc., con el único fin de sortear la aplicación de ese criterio de permanencia».

La Fiscalía de Medio Ambiente señala que los tribunales penales han continuado con ese criterio con posterioridad y entienden «la vocación de permanencia como el elemento determinante para poder integrar el tipo penal del artículo 319 del Código Penal determinadas instalaciones de naturaleza controvertida».