El director de Fedea, Ángel de la Fuente

Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha planteado hoy gravar con hasta el 100% los márgenes extraordinarios de las empresas que violen un hipotético pacto de rentas. Un acuerdo que requeriría, para repartir los costes del shock energético y la alta inflación, moderar los salarios, junto a los citados márgenes, pero también otras rentas, como las pensiones, excluidas las más bajas, y sueldos de los funcionarios.

Además, Ángel de la Fuente, autor de la propuesta y director de Fedea, reclama ayudas directas a las familias y las empresas más afectadas —en línea con algunas medidas del Gobierno—, aunque lanza críticas contra otras medidas aprobadas, como la bonificación a los combustibles y la rebaja del IVA eléctrico.

De la Fuente cifra en un 7% la pérdida de riqueza que ha sufrido España por la guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre la inflación de precios. Un conflicto que duplicado los precios del petróleo y del trigo respecto a los años precedentes, y multiplicado por entre cuatro y seis los precios del gas natural y la electricidad.

Un shock negativo de oferta —en la jerga de los economistas— que ha disparado la inflación en Europa y en España (un 8,6% y un 10%, respectivamente); y que ha catapultado también la inflación subyacente —que mide los precios sin energía ni alimentos frescos— hasta el 4,7% en el caso español.

Ante esta situación no queda otra que “repartir los costes” de la crisis entre el conjunto de actores que participan de la economía, teniendo en cuenta que las familias más pobres son las más afectadas, junto a algunos sectores productivos, más dependientes del coste energético y de las materias primas que más se han encarecido.

De forma simple, el pacto de rentas consiste en limitar la subida de salarios y precios por debajo de la inflación general; tomando como referencia “quizás” esa inflación subyacente, hoy en el 4,7%, afirma De la Fuente, quien, no obstante, advierte que, en el caso de los precios, el cálculo debe hacerse “tras absorber la subida de costes energéticos”.

Ahora bien, mientras que el cumplimiento del pacto es fácilmente comprobable en asuntos como salarios y pensiones, otro caso son los márgenes empresariales, más difíciles de controlar.

En este caso, sintéticamente, el autor propone gravar con hasta el 100% el beneficio extraordinario que las empresas obtengan como consecuencia de “violar” ese pacto de rentas, según una fórmula que se explica más abajo.

Medidas complementarias

Pero además de este control de precios, salario y pensiones, el pacto de rentas requiere de otras medidas, agrega su autor. En primer lugar, ayudas directas a familias de menor renta y sectores productivos más afectados.

En este punto, el autor alaba algunas medidas aprobadas por el Gobierno, como las subidas temporales del ingreso mínimo vital y las pensiones más bajas; así como las transferencias — por ejemplo, los 200 euros recientemente anunciados, o el incremento de las cuantías de las becas por cuatro meses — y “muchas de las ayudas sectoriales” recogidas en el primer decreto de medidas aprobado por el Gobierno de coalición.

En cambio, el economista critica otras medidas como la bonificación general al precio de los carburantes y las rebajas de impuestos a la energía, “al menos en el caso del IVA”, aclara.

En su lugar propone “redirigir” esos recursos a nuevas medidas de apoyo a rentas, “especialmente a las bajas y medias” y a los productores más afectados por la subida de los costes de producción.

Para los hogares, el informe propone una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de rentas y “quizás” elevar los diferentes tramos de renta que grava este impuesto de acuerdo a la inflación acumulada (“reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada”).

Además, el economista plantea otras medidas destinadas a reducir la demanda de energía y aumentar la oferta de energía “no fósil”, como subvenciones para incentivar el uso del transporte público, incentivos a la inversión en renovables, extensión de la vida útil de las centrales nucleares, entre otras.

Gravar los márgenes empresariales

Tras insistir en que el pacto de rentas debe contar con el más amplio consenso posible —incluyendo a los “principales partidos de la oposición”, además de empresarios y sindicatos— , De la Fuente explica su propuesta de gravar con un “impuesto elevado” los beneficios empresariales obtenidos por “violaciones” del citado pacto.

Los beneficios empresariales con más “difíciles de monitorizar”, advierte. Por ello defiende establecer ese “recargo” calculado “a posteriori” en función de datos “fácilmente disponibles”.

Se trataría de introducir de forma temporal un impuesto o recargo extraordinario sobre los beneficios de las empresas “asociados al incremento de los márgenes empresariales por encima de los máximos pactados”.

Ese impuesto se calcularía a posteriori con datos reales sobre la variación de los beneficios empresariales con respecto a un año normal de referencia”. Y su base sería, si los hubiera, esos beneficios excesivos.

Por ejemplo una posible forma de repartir los costes de la inflación sería ajustar los precios de venta de los distintos sectores de forma que todos ellos sufran la misma reducción de márgenes, que sería a su vez igual a la pérdida de poder adquisitivos de los salarios.

Esto determinaría a su vez todo el beneficio que provenga de un subida de márgenes por encima de lo establecido en el pacto de rentas; es decir, por encima de lo necesario para compensar parcialmente el shock de precios energéticos.

Sobre este margen el economista propone un recargo con un tipo de gravamen “cercano al 100%”, que permita así “retirar las ganancias derivadas del incumplimiento del pacto”, remata.