La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su primera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con la conclusión de que la prestación, a 31 de diciembre de 2021, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial, puesto que ha llegado a 284.000 hogares, el 40% de sus beneficiarios potenciales, y ha ejecutado un 56% de su presupuesto.

Sin embargo, la AIReF asegura que tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social puesto que, de estar plenamente implementado, cubriría a 700.000 hogares y supondría un
coste anual de 2.800 millones.

La AIReF constata que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, lo que supone el 57% de los posibles beneficiarios. En cualquier caso, el número de solicitudes ha sido elevado, sobre todo en los primeros meses, y ha superado los 1,5 millones, pero un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. El 73% de las solicitudes resueltas se han denegado o inadmitido, aunque este porcentaje ha disminuido con el tiempo hasta el 60%. La principal causa de denegación o inadmisión es el incumplimiento del criterio de renta, seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento.

Si estuviera plenamente implementado, el IMV ampliaría la cobertura de los programas
de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares.
Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir. En este sentido, «su diseño se configura como una prestación suelo, cubre a parte de los hogares que anteriormente ya podían recibir las rentas mínimas y amplía la cobertura fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas en las que sus programas de garantías de rentas para la lucha contra la pobreza eran más limitados», destaca el análisis de la Airef.

El IMV junto con los programas de rentas mínimas, si estuvieran plenamente implementados, conseguirían cubrir aproximadamente al 60% de los hogares en riesgo de pobreza. Pero todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos.

Este porcentaje del 40% sin cubrir podría variar en los próximos años si las CCAA modificasen sus rentas mínimas como consecuencia de la liberación de recursos de sus programas de rentas derivada de la implementación el IMV.

Propuestas

A corto plazo, la Airef propone concretar los objetivos del IMV de modo que pueda evaluarse su cumplimiento. Esto incluye especificar las definiciones y los indicadores sobre pobreza que el IMV utiliza para establecer sus objetivos y realizar su seguimiento, establecer plazos concretos para conseguir los objetivos, garantizar que dichos objetivos son cuantificables y medibles e incorporar de manera sistemática la información para el seguimiento de la prestación en el Portal de estadísticas de la Seguridad Social.

Además, la AIReF propone analizar la naturaleza del patrimonio de los hogares en
situación de pobreza, en particular, el grado de liquidez de sus activos reales y su
valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida
para ser beneficiario del IMV. Y estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia, simplificar el proceso de solicitud y fomentar la publicidad institucional de la prestación, profundizar en el análisis de las causas de la no presentación de solicitudes, y seguir trabajando en el encaje
entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad autónoma.

A medio plazo, la AIReF propone que, a medida que se vayan conociendo los efectos
que el IMV está teniendo sobre la reducción de la pobreza, el mercado de trabajo y la
inclusión social, se valore avanzar hacia una prestación que se inicie de oficio por parte
de la Administración y que integre al resto de prestaciones e impuestos que persiguen
la misma finalidad que el IMV con el objetivo de mejorar la eficiencia. Para ello, sería
necesario incrementar la interoperabilidad y el intercambio de información entre
administraciones en torno a un repositorio común que contenga la información necesaria para su tramitación y que contemple en su diseño las necesidades para su posterior evaluación.