La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero

APIE

El ingreso mínimo vital ha llegado a casi 285.000 hogares desde su creación en mayo de 2020 hasta el pasado 31 de diciembre. Se trata menos de la mitad de los hogares potenciales que podrían haber recibido esta renta contra la pobreza. Casi el 75% de las solicitudes fueron denegadas, la mayor parte por superar el umbral de renta o de patrimonio, según la primera opinión de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) que ha pedido al Gobierno concretar sus objetivos y estudiar por qué se rechazan tantas solicitudes.

La Airef llama a la Administración a “mejorar la eficacia” y “simplificar el proceso de solicitud” del ingreso mínimo vital (IMV), así como afinar su encaje con las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El ingreso mínimo vital ha llegado a 284.000 hogares, tan solo el 40% de los que tendrían derecho a recibir la prestación. Según los cálculos de la autoridad fiscal, unos 400.000 hogares podrían percibirlo pero no lo han solicitado.

“Tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”, afirma el supervisor de políticas públicas.

Actualmente casi un 60% de las solicitudes son rechazadas, aunque este porcentaje se eleva al 73% para el período completo analizado.

La principal causa de rechazo es superar el umbral de renta, seguido del incumplimiento de los requisitos de empadronamiento, a pesar de que se ha relajado la exigencia de un año de antigüedad mínima, hasta los actuales seis meses.

La Seguridad Social, que gestiona la renta, ha logrado reducir a dos meses el plazo de resolución de las solicitudes del ingreso, desde los iniciales cinco meses en el momento de arranque de la ayuda, en plena pandemia.

Reconsiderar requisitos de renta y patrimonio 

La Airef reclama a la Administración que concrete los objetivos de la renta, a fin de facilitar su evaluación, así como otros cambios que permitan a más familias cobrar la ayuda.

En primer lugar, reconsiderar la definición de patrimonio, así como los requisitos relacionados con el empadronamiento, habida cuenta que quien trata de huir de la pobreza suele moverse en su lucha por conseguir recursos.

También se pide dar más publicidad a la ayuda y mejorar su encaje con las rentas mínimas que gestionan las comunidades autónomas.

A medio plazo el objetivo es que la concesión de la renta se inicie de oficio, y que sea la prestación la que se acerque al ciudadano, y no el ciudadano a la prestación; aunque para ello se precisa mejorar el intercambio de información entre las distintas Administraciones, así como quizás un cambio en el modelo fiscal, en la línea de un Impuesto de la Renta negativo, utilizado en otros países, que obliga a presentar la declaración anual a todos los ciudadanos, aunque mejora la posibilidad de afinar con las ayudas.