Cualquier medida es buena, sobre todo si se trata de ahorro, ya que más ayudas públicas no son posibles para reactivar el sector del automóvil. La patronal de automóviles, Anfac, acaba de presentar al futuro Gobierno un decálogo de medidas con las que los fabricantes se pueden ahorrar al año 200 millones. Se trata de mejoras en el transporte por carretera, ferroviario e infraestructuras ferroviarias, según ha explicado este miércoles el presidente de la Comisión de Infraestructuras de Anfac, José Manuel Machado.

La razón de estas medidas es conseguir la mayor eficacia en el ámbito de la logística, donde los fabricantes se gastan entre el 6 y 8%, ya que cada transporte de vehículos les supone una media de entre 1.000 y 1.400 millones, además del uso de instalaciones portuarias ante el gran volumen de vehículos que entrar a nuestro territorio por mar.

De esta forma, el decálogo se centra en pedir al próximo Gobierno que acelere la implantación de la red Transeuropea, con cinco corredores más que necesarios para el sector, ya que es donde se encuentra la inmensa mayoría de las fábricas. De todas formas, la comisión ha dado de plazo para el diseño de los mismos hasta 2020 y 2025.

En materia ferroviaria, Anfac pide trenes de 750 metros y una mejor gestión de las infraestructuras, además de algún tipo de ayudas para los cargadores en los cambios de vía en las fronteras, la creación del “tercer hilo” en las vías convencionales para permitir el tránsito de trenes con ancho europeo, así como más flexibilidad del servicio en las terminales ferroviarias, con la fijación de tarifas competitivas.

Por lo que respecta al transporte por carretera de vehículos, Anfac propone que se establezcan rutas para camiones de grandes longitudes y se aumente la altura máxima permitida de 4,5 metros; fijar tarifas especiales para vehículos pesados en autopistas en horarios nocturnos y de baja ocupación y  coordinar los calendarios de restricción de tráfico entre las distintas comunicades.

En cuanto al tráfico marítimo, Anfac pide mejores infraestructuras de acceso a los puertos, mayor flexibilidad de los servicios prestados en el puerto, incluida la estiba, y eliminar el límite para la aplicación de la tarifa T3 para que puedan acogerse todos los vehículos fabricados en España.