No voy a volver sobre el asunto de los nuevos impuestos que va a aprobar el Gobierno a las empresas energéticas y a la banca. La semana pasada quedó, creo, clara mi postura. Una improvisación sobre otra improvisación, con el único fin de poner de relieve el progresismo de este Gobierno, sin que a nadie le preocupe dentro del Ejecutivo, si el anuncio se lleva alguna vez al BOE y si lo que salga en el BOE aporta dinero a las arcas públicas en cualquier cantidad. Se trata de castigar una vez más al malo oficial de la clase para que los buenos y los que simulan serlo se sientan más seguros, más alejados del castigo.

Desde que era muy joven (hace…) tuve los impuestos como un castigo a las personas y a las empresas. Como me crié en el franquismo, al principio asocié los impuestos al autoritarismo y a la cleptomanía del régimen, lo que en aquellos tiempos me resultaba un consuelo. Los profesores de Formación del Espíritu Nacional, la mayoría de extracción o formación falangista, se esforzaban en hablarnos de la justicia social,  pero a mí el sólo concepto me producía una enorme zozobra, que se traducía en suspensos con cero en el libro de escolaridad, ceros que se repetían en Educación (?) Física, que la impartían los mismos profesores.

Pasado el tiempo y a través de las lecturas no recomendadas, modifiqué mi criterio sobre los impuestos, orillando lo de el castigo cuasi divino, y aceptando con limpieza crítica y un punto de resignación lo que, a la postre dice la Constitución Española de 1978 en su Artículo 31.1 sobre un sistema tributario justo, inspirado en principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Es cierto que desde que la Constitución entró en vigor, la exégesis de este texto ha sido diversa y todos los que han gobernado, a izquierda y derecha, han buscado la explicación más favorable a su causa, que no es la causa de los ciudadanos. Sin embargo, en algo han coincidido. Hay que recaudar más, para poder gastar más, que es la interpretación más perversa que cabe del texto constitucional. El truco está en lo que se ha dado en llamar, siempre desde parte interesada, los recursos públicos. Otra institución de naturaleza cuasi divina, esta de los recursos públicos, que se invoca lo mismo para justificar un número insostenible de funcionarios que la creación de una vía férrea para viajes a ninguna parte, como la que acaban de representarnos en Extremadura.

Hay que reconocer que el abracadabra fiscal ha encontrado en la actual Ministra de Hacienda y no sé qué más a su interprete más intensa, pero más incompetente. Pretender que una subida de los tipos de interés conlleva un aumento desconsiderado de los beneficios de una entidad financiera es no saber nada  sobre empresas, ni sobre finanzas ni sobre impuestos.

Perdón. He fallado en mi propósito de la primera línea.