La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha mantenido este viernes 22 de julio una reunión con el sector bancario a la que han asistido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, los representantes de las patronales financieras y de las principales entidades españolas.

Nadia Calviño explica a los responsables de los bancos que las medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania para mitigar sus efectos, apoyar a las familias y empresas más afectadas por el alza de precios y garantizar los suministros, suponen un coste fiscal de unos 30.000 millones€.

Y que se espera una contribución especial temporal a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, así como a los bancos. En este caso, el  objetivo es recaudar 1.500 millones al año con el nuevo gravamen, cuyos detalles se concretarán en una proposición de ley que se prevé presentar antes de finales de julio.

La determinación del Gobierno «es articular este nuevo tributo de forma que no deteriore la solvencia y competitividad del sector ni perjudique a la concesión de crédito o el bienestar de los clientes».

«El Gobierno considera que es el momento de arrimar el hombro para contener la inflación y garantizar un reparto justo de la guerra, lo que requiere la implicación de todos los agentes económicos», subraya Nadia Calviño.

Inclusión financiera en municipios de menos de 500 habitantes

En el encuentro también se han abordado los trabajos desarrollados por el sector para reforzar la inclusión financiera, con una atención especial al medio rural, tras los avances logrados para la inclusión financiera de los mayores y las personas con discapacidad.

Y se ha acordado poner en marcha un plan de inclusión en el ámbito rural antes de finales de septiembre para proporcionar las soluciones más adecuadas que permitan asegurar la cobertura de los servicios financieros en el 100% del territorio, poniendo en el foco a los municipios de menos de 500 habitantes y en riesgo de exclusión.

La AEB avisa que no mejorará la economía ni el empleo

Los argumentos de Nadia Calviño no parecen convencer a la banca. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, asegura que «no es el momento» para aprobar un nuevo impuesto a la banca y que «no es una medida» que resuelva el problema de la inflación, «sino todo lo contrario, no ayuda a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo».

La imposición de este tributo puede ser «contraproducente»: «No ayuda a los bancos a financiarse y ni a seguir apoyando a la economía con crédito».

El director general de CECA, José María Méndez, considera que este nuevo gravamen «no es un instrumento adecuado» para luchar contra «el principal problema de la economía española», que es la inflación.

Recuerda que la banca ya tiene un impuesto sobre los depósitos, un tipo de Sociedades más elevado que otros sectores y que carga con el Impuesto Jurídico de Actos Documentados, «que en el resto de Europa es para el prestatario y aquí, para el prestamista», y el impuesto de transmisiones financieras.

Son figuras impositivas que «separan del contexto europeo», donde la banca española compite por captar depósitos o accionistas. «Hay que buscar armonizaciones tributarias en toda la Unión Europea», advierte el director general de CECA.