El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del ‘caso Villarejo’ ha acordado prorrogar la investigación sobre los supuestos encargos ilegales que el BBVA habría encomendado al comisario jubilado. También ha citado a declarar a sede judicial al expresidente de la entidad Francisco González.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con el criterio de la Fiscalía y acuerda oficiar a la Unidad de Asuntos Internos para que realicen un ofrecimiento de acciones a 67 personas (entre ellas, Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal) que podrían ser «posibles perjudicados u ofendidos o víctimas de un hecho constitutivo de infracción penal».

Este ofrecimiento busca «poder determinar el interés del BBVA como persona jurídica, o de sus empleados, a título personal, para encargar los trabajos a CENYT sobre dichas personas». Y es «una obligación legal para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por un delito, que exige, en muchos tipos delictivos, poner en conocimiento de las mismas la propia existencia del delito».

Por otro lado, y siguiendo también lo solicitado por el fiscal, el magistrado cita como investigado nuevamente al expresidente del banco Francisco González, que solicitó declarar de forma voluntaria en un escrito presentado el pasado 8 de julio; a la persona jurídica del BBVA y a los empleados del banco Óscar Santos Tuche, Simón Galera y José Manuel Cantero; al que fuese director de operaciones de CENTY, Antonio Bonilla, tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y a Ana María Encinas.

Accediendo a lo solicitado por el Ministerio Público, el juez cita como testigo al «empleado del BBVA que realizó los informes de la entidad en contestación a los requerimientos de información del SEBPLAC».

Y emplaza al BBVA para que certifique si existió «la auditoría interna a proveedores externos referida» por uno de los investigados, Ignacio Pérez Caballero, en su declaración de mayo. Y que identifiquen al personal de la entidad que intervino de forma directa o indirecta en la operación vinculada a la cuenta de crédito relacionada con Villarejo.

El juez oficia a la Agencia Tributaria para que aporte al procedimiento los modelos 347 –que recogen una relación de clientes y la facturación a los mismos– de CENYT de los años 2004 a 2017, correspondiente al periodo objeto de investigación.