Los Gobierno central y catalán han acordado este miércoles impulsar reformas legislativas para «superar la judicialización» del conflicto político en Cataluña y también sus «efectos» y han manifestado su voluntad de que éstas puedan ser aprobadas «en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones» en 2022. No obstante admiten las «dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización»

Así consta en el acuerdo suscrito por ambas partes en el marco de la mesa de diálogo sobre Cataluña que se ha reunido esta mañana en el Ministerio de la Presidencia y del que han dado cuenta, por separado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.

El documento compromete a los dos gobiernos a «avanzar en el diálogo y la negociación superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años», una situación que, según reconocen ambas partes, «ha contribuido a agudizar el conflicto político» y a «polarizar las posiciones políticas y sociales».

Según apunta el texto, la superación de esta dinámica debe «garantizar el proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías» y reforzar la «apuesta por soluciones políticas, siempre «en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios del y el ordenamiento democrático».

En el acuerdo no se menciona ninguna reforma legislativa concreta pero tanto a Bolaños como a Vilagrà se les ha preguntado expresamente si una de las previstas es la reforma del Código Penal para retocar el delito de sedición.

Los dos Gobiernos reconocen en el documento que existen «dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudialización» y ni Bolaños ni Vilagrà han querido avanzar en qué fórmulas concretas van a trabajar, limitándose a señalar que irán informando de los acuerdos que vayan alcanzando.

Ambos han coincidido en la conveniencia de armonizar las leyes españolas con las vigentes en otros Estados europeos, aunque sin mencionar expresamente cómo afectaría esto al delito de sedición.
Pero Vilagrà sí ha mencionado que las reformas legislativas deben ir «amparadas por las recomendaciones de instituciones y organismos europeos internacionales», en referencia, por ejemplo al Consejo de Europa que ha apuntado en ese sentido.

Además, han discrepado sobre la existencia o no de una mayoría parlamentaria para reformar ahora el Código Penal que, al ser una ley orgánica, necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Mientras Bolaños ha insistido en que ahora no se da esa mayoría, la consellera de Presidencia ha subrayado que sí la hay.

«Nosotros, a lo que hoy nos hemos comprometido es a seguir
hablando con discreción. A partir de ahí, intentar lograr acuerdos transversales amplios. Cuando logremos ese acuerdo será el momento en que podamos ver si tenemos una mayoría parlamentaria. En este momento, para la armonización de nuestras leyes con las mejores legislaciones penales europeas, el Gobierno entiende que no hay mayoría parlamentaria».

Eso, según Bolaños no es óbice para que esa mayoría pueda existir «en algún momento». «Pero esas mayorías se han de trabajar sobre acuerdos concretos que tampoco existen ahora. Por tanto estamos hablando de hechos futuros y no de realidades hoy concretas», ha puntualizado.

«La mayoría existe y la armonización de la legislación penal con las demás democracias europeas está sobre la mesa», ha replicado, por su parte, la consellera catalana.

«Pretendemos que haya una homologación con otras legislaciones europeas en el ámbito de estas cuestiones y, en este sentido, en un marco democrático se permite el derecho de autodeterminación», ha deslizado también Vilagrà, quien, en otro momento, ha dejado que ERC nunca va a renunciar a lo que para ellos es un principio.