El Gobierno propone al Congreso de los Diputados gravar temporalmente con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones€ al año en España.

Este impuesto, «temporal y extraordinario» se aplicará tanto a eléctricas como gasistas y petroleras durante 2023 y 2024 sobre las ventas de estas empresas en 2022 y 2023.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición de ley una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes.

El Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior para el cálculo de esta tasa, cuyo gasto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

Cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación del grupo, el Gobierno contempla que se excluya a éste del pago de este impuesto.

Repsol niega los ‘beneficios caídos del cielo’

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, niega que el grupo reciba «windfall profits» (beneficios caídos del cielo) por su actividad en el actual contexto de precios alcistas de la energía. Y avisa que hará «todo lo posible» para luchar contra cualquier iniciativa «arbitraria».

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Imaz asegura que «no tiene ninguna duda» de que el marco constitucional y jurídico, tanto de la Unión Europea como de España, va a proteger a Repsol de cualquier «posible iniciativa o medida arbitraria».

Repsol opera en un negocio «libre, abierto y no regulado», en el que las decisiones de inversión a largo plazo se toman «en base a suposiciones» que están sujetas «a una enorme volatilidad y riesgo».

No se puede hablar de beneficios caídos del cielo en unos negocios regulados y que son «cíclicos». Recuerda que el sector del refino en España mantuvo sus inversiones durante muchos años para mejorar sus instalaciones, a pesar de que los márgenes eran bajos y otras empresas «estaban cerrando». «Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en 2020 y 2021, y no vi a ningún Gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias», argumenta.

«En todo caso, creo que vivimos en un marco jurídico. Nuestro sistema jurídico va a protegernos de cualquier potencial medida arbitraria», insiste.

La estrategia de la compañía pasa por estar «cerca de sus clientes estando cerca de sus necesidades», para lo que ha trabajado para reducir los precios de los carburantes aumentando los descuentos que aprobó el Gobierno de 20 céntimos por litro. «Nuestra prioridad tiene que ser estar cerca de nuestros clientes, y los Gobiernos tienen que decidir lo que prefieren: si recaudar impuestos para obtener dinero o estar cerca de los clientes para estar cerca de la sociedad», recalca el consejero delegado de Repsol.