El candidato a Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El candidato del Gobierno a ser nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado el trabajo de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía y anuncia que su mandato será una «continuación» de los trabajos realizados por la que también fuera ministra de Justicia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, subraya su «agradecimiento y reconocimiento» a la labor desempeñada por Delgado, «cuya renuncia por motivos de salud» ha motivado que García Ortiz sea propuesto para relevarla.

García Ortiz ha enumerado los «indudables beneficios» de lo hecho por Delgado para la carrera fiscal, antes de asegurar que su mandato será «la ejecución o continuación de los trabajos de estos años».

Tras la propuesta de su nombramiento, ha solicitado la baja en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), porque «pretendo ser el fiscal general de todos y todas las fiscales cualesquiera sea su adscripción, estén o no afiliados a alguna asociación», ha manifestado García Ortiz.

También anuncia su intención de mejorar el régimen de toma de decisiones y formación de criterio en la Fiscalía General del Estado (FGE) para «garantizar la autonomía» de los fiscales. Y desarrollará mecanismos internos para «mejorar» la toma de decisiones  y que exista el «derecho a discrepar».

«Mi propósito es reformar y mejorar este régimen de toma de decisiones y formación de criterio del Ministerio Fiscal para garantizar la autonomía personal e individual de los fiscales», explica.

Propone «redefinir» las competencias de la Audiencia Nacional (AN) con el objetivo de que se logre una mayor especialización en materia de narcotráfico y crimen organizado. Así, apuesta por centralizar las investigaciones y redoblar esfuerzos en la recuperación de activos.

«La Fiscalía Antidroga, tanto en la Audiencia Nacional como en las delegaciones territoriales, debe ser apoyada y reforzada», recalca.

Cree que ha llegado el momento de «redefinir las competencias» de la AN «para convertirla en una institución judicial aún más especializada no solo en la represión y persecución del terrorismo, sino también en la delincuencia organizada de todo tipo, nacional y transnacional y, en particular, todas las actividades» criminales «organizadas y dedicadas al tráfico ilícito de personas en diferentes modalidades».

Es necesario un refuerzo para evitar el «colapso» de los procedimientos, una circunstancia de la que se «aprovechan» los narcotraficantes, subraya Álvaro García Ortiz.