El 45% de las entidades locales presentan su contabilidad fuera de plazo, según ha constatado el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de fiscalización del Sector Público Local’ correspondiente al ejercicio 2020, en el que insiste en la necesidad de castigar a los organismos que no cumplen los plazos o directamente no presentan sus cuentas.

Esta fiscalización incluye el análisis sobre las cuentas generales rendidas por las entidades locales sobre la información relativa a los contratos y convenios celebrados durante el referido ejercicio y sobre la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención local.

De las 11.580 entidades locales del territorio nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, solo rindieron la cuenta general del ejercicio 2020 en el plazo legalmente previsto el 55% y, a 31 de diciembre de 2021, el 69% del total.

Se observa que las comunidades autónomas en las que las entidades locales presentan mayores niveles de rendición son aquellas en cuya normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

Por ello, el órgano que preside Enriqueta Chicano aprovecha para volver a reclamar que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales, y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

El tribunal concluye que, pese a sus continuas demandas en este sentido, las entidades locales no han adoptado las medidas correspondientes para mejorar los niveles de rendición de cuentas.

Según el informe, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 33% dentro de la fecha límite prevista y otro 31 % fuera de plazo.

También se registraron bajos niveles de cumplimiento de la obligación de remisión de las relaciones anuales de convenios en 2020, que fue del 20% de las entidades locales, dentro de plazo, y de otro 18% fuera de él.

Ligeramente superior fue el nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, por parte de los órganos de la Intervención local, de la información relativa al control interno del ejercicio 2020, que ascendió al 40%, a 30 de abril de 2021.

El informe señala que el gasto ejecutado en 2020 por el conjunto de las entidades locales que han remitido sus cuentas ascendió a 47.314 millones de euros y los ingresos reconocidos ascendieron a 49.855 millones.

El resultado presupuestario ajustado global fue positivo en 5.591,18 millones y el remanente de tesorería agregado para gastos generales ascendió a 16.155 millones de euros, lo que pone de manifiesto una situación de solvencia a corto plazo positiva.

Por su parte, el endeudamiento de las entidades locales en el ejercicio 2020 ha ascendido a 16.273 millones de euros, lo que supone una disminución en un 6% respecto al ejercicio anterior y en un 16 % en relación con el ejercicio 2018.

Del análisis de varios de los indicadores contenidos en las memorias de sus cuentas anuales, el tribunal observa, con carácter general, una mejora de la solvencia a corto plazo, lo que pone de manifiesto una mayor disponibilidad de recursos de tesorería para atender el pago de las deudas a corto plazo y también una tendencia a la reducción global del endeudamiento para el conjunto de las entidades locales, en especial, a largo plazo.

«Debilidades» en la Agencia Estatal de Investigación

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de Fiscalización de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del ejercicio 2019, en el que ha detectado «algunas debilidades» en el control interno de la gestión de subvenciones e «importantes demoras» en la revisión de las cuentas justificativas.

Según ha informado este jueves el Tribunal, durante 2019, en total la Agencia ha gestionado 586,7 millones de euros, de los cuales 566,6 millones se han destinado a subvenciones de diferentes programas de investigación de duración variable, la mayoría entre dos y cuatro años.

En su informe, el Tribunal de Cuentas, indican también algunas deficiencias en el proceso de selección de los beneficiarios y el retraso en la justificación de las subvenciones y los riesgos derivados de la insuficiencia de personal, con una ocupación media del 68% de las plazas disponibles. En materia de ingresos se destaca el elevado número de reclamaciones de reintegros a beneficiarios de ayudas no justificadas.

Por ello, se recomienda a la AEI la simplificación de los procedimientos de convocatoria y justificación de las subvenciones, la implantación de sistemas de evaluación de la eficacia y la eficiencia y extremar las precauciones en la contratación de servicios.

Se aconseja asimismo la aprobación del Contrato plurianual de gestión previsto en el Estatuto de la Agencia para regular sus relaciones con la Administración General del Estado. La Agencia, según ha asegurado el tribunal, ha iniciado la adopción de medidas para la implementación de las recomendaciones.

El informe, realizado a iniciativa del propio Tribunal, recoge los resultados de la fiscalización de la gestión económico-financiera derivada del ejercicio de las competencias de la Agencia. El principal objetivo ha sido verificar la adecuación de los gastos por subvenciones, recursos humanos y contratación, y de los ingresos por transferencias, por reintegros de subvenciones y por prestación de servicios.

Además, se ha comprobado la eficacia en la gestión de las subvenciones que la AEI concede fundamentalmente a entidades públicas. La Agencia es el instrumento de la AGE para canalizar las ayudas en ciencia e investigación, y cuenta con financiación europea para algunos tipos de investigación.