En el análisis “La accesibilidad presencial a los servicios bancarios en España: comparación internacional y entre servicios”, elaborado por María Alonso, Eduardo Gutiérrez, Enrique Moral-Benito, Diana Posada, Patrocinio Tello-Casas
y Carlos Trucharte, del Banco de España, evidencia que el 11,2% de la población  española, equivalente a 705.733 personas, no tiene acceso a ningún tipo de servicio bancario presencial, y el 23,3% (1,467 millones de personas) reside en municipios sin sucursal.

Por comunidades autónomas y extrapolando los datos a la población total, el 17,8% de los ciudadanos de Castilla y León reside en un municipio que no cuenta con ninguna sucursal, seguida de Extremadura, con el 7,5%; Navarra, con el 7%; Cantabria, con el 6,9%; La Rioja, con el 5%, y Aragón, con el 4,8%, todas ellas por encima de la media nacional del 3,4%.

En 2021, España se situaba en el tercer lugar dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM), con 1,41 puntos de acceso al efectivo por cada mil habitantes, solo por detrás de Portugal y Austria. Pero en puntos de acceso al efectivo por municipio, España se situaba en torno a la media de los países de la UEM, con 8,2, por debajo de países como Alemania (9,5) o Italia (8,5)

La ratio de oficinas por cada mil habitantes pasó de 1 a 0,41 desde el máximo de sucursales. En el mismo período, en la UEM pasó de 0,57 a 0,33, por debajo de la ratio de España.

La reducción de sucursales  fue más intensa en esos años en España y Chipre, que eran los países que mayor número de oficinas por habitante tenían antes del ajuste. Éste ha sido menos intenso en países como Estonia, Países Bajos o Irlanda, que presentaban niveles muy inferiores en esta ratio, con 0,2 oficinas por cada mil habitantes.

En este periodo, 900 municipios españoles perdieron el acceso local a una oficina bancaria, de los cuales el 96% eran rurales, con lo que la distancia media hasta la oficina más cercana pasó de 3,3 kilómetros en 2008 a 4,9 en 2021 frente a los cero kilómetros de los municipios urbanos.

Los municipios que perdieron todas sus oficinas bancarias se concentraron, principalmente, en zonas de Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. Además, en todas estas comunidades, salvo en Comunidad Valenciana, hay una mayor presencia de municipios sin servicios bancarios a menos de cinco kilómetros.

El número de municipios sin ningún tipo de acceso presencial a los servicios bancarios ascendía a 3.389, un 41,7% del total de municipios, de los que 3.364 eran municipios rurales, y 25, urbanos.

La reducción de cajeros automáticos también ha sido significativa, pero menos intensa que las oficinas. Actualmente, estos se sitúan en torno a los 48.000. En 2008, España contaba con 1,34 cajeros por cada mil habitantes, frente a la ratio de 0,95 en la UEM. El indicador ha disminuido hasta 1,01 en 2021 y al 0,81 la conjunto de la comunidad.

El Banco de España ha destacado que entre los factores que han influido en la disminución de oficinas y cajeros en España están el proceso de reestructuración y consolidación del sistema financiero español tras la crisis financiera de 2008 y el proceso de desendeudamiento del sector privado, así como el avance de la banca online.

España es el país de la UEM en el que menos transacciones se gestionan por cajero y con menos empleados por oficina, que pueden deberse a esa elevada dispersión de la población.

En cada cajero se gestionaron el año pasado 13.800 transacciones anuales por un valor de 2,3 millones€, frente a la media de la UEM de 22.700 transacciones por un importe de 4,2 millones.

La banca española cuenta con en torno a la mitad de trabajadores en relación con el número de sucursales que el conjunto de la Eurozona, con 8,5, frente a 15,2, por sucursal en 2021, lo que apunta a un menor tamaño promedio.

Frente a una caída del 58% en las sucursales y del 23% en cajeros automáticos, el número de puntos de acceso a servicios de atención primaria, oficinas de farmacia y bares se ha mantenido estable o incluso se ha incrementado, mientras que el número de comercios se ha reducido en un 17%.

De este modo, la población sin acceso a oficinas bancarias se incrementó en más de nueve puntos entre 2008 y 2021, mientras que la que no cuenta con bares y comercios se ha mantenido estable.