De izquierda a derecha, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas Ratera; el presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, y el director general financiero, Alberto de Francisco Guisasola, durante la presentación de los resultados semestrales. 

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, carga contra el nuevo impuesto a la banca anunciado por el Gobierno porque «es profundamente dañino para toda la economía». Y avisa que «se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional».

En la presentación de resultados del primer semestre de Abanca (104,3 millones de beneficios, un 14,3% más), Escotet insiste en que «lo vemos con mucha preocupación, confiamos en que no resulte aprobado». Y asegura que «es difícil de entender que a algunos sectores se les apliquen y a otros no», al igual que a «algunos bancos sí y otros no».

Resume en que «son demasiados los efectos en contra», «no tienen nada positivo», además de que «no cumplen con los criterios para los cuales fue teóricamente diseñado».

Este gravamen «tendría unas consecuencias en el crédito», por lo que «es profundamente dañino para toda la economía, para todos los sectores de la economía, para la sociedad y, naturalmente, para los bancos».

Aquí, se refiere a las primeras estimaciones de que este impuesto puede acarrear un
impacto en torno a 50.000 millones en el crédito.

Argumenta que la principal diferencia entre la crisis financiera de 2008 y la de la covid, es que en la primera «hubo literalmente un ‘credit crunch’, lo que provocó una elevadísima mortalidad del sector privado, con desaparición de empresas y destrucción de empleo, sin embargo, ahora  ha habido abundancia de crédito, que fluyó dinámicamente, de manera que se ha salvado una recesión que podría haber sido muy seria, hemos salvado un enorme cantidad de empleo, así como una enorme cantidad de tejido empresarial».

El presidente de Abanca  considera que «no es un nuevo impuesto», sino que «el calificativo es prestación pública patrimonial no tributaria», de modo que «debería estar sujeta a una prestación de un servicio público por el cual, eventualmente, tienes una implicación remunerativa», pero «esa prestación de servicio público no ocurre». Sostiene que «no hay claridad sobre cómo se ha construido el criterio» y «hay mucha dificultad» en su aplicación.

Cree que este impuesto incluye «consideraciones francamente difíciles de entender». Opina que, si se pretende combatir los efectos inflacionarios por las «teóricas ganancias extraordinarias» de los bancos, se están «anticipando mucho» a esas ganancias, dado que los tipos de interés «no han subido lo suficiente», pues «no ha habido una subida radical de los tipos» y se produce una «razonable progresividad».

Juan Carlos Escotet considera que ese gravamen «tendría que ser sobre los beneficios) incrementales», ya que «es muy difícil de entender que sea sobre el margen financiero neto». «Se está aplicando con retroactividad, lo cual es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional», insiste.

En algunas entidades que apliquen el impuesto igual «no hay resultados positivos», «pueden llegar incluso a perder dinero».

Cuestionado sobre si prevé medidas legales contra ese impuesto al dudar de que sea constitucional, Escotet ha afirmado que «es muy prematuro hablar de una posible judicialización», que «sería sectorial» y para «eso están patronales cuando consideren que hay fundamentos para hacerlo», pero «hay algunas sobre dudas sobre si se pueden aplicar o no ciertos criterios».

El presidente de Abanca avisa del «efecto que esto puede tener a nivel macroeconómico en el conjunto de todos los sectores en España», al igual que la «pérdida de competitividad para los bancos españoles en la UE», pues «este tipo de medidas no se están aplicando en otros países». «El sector bancario español va a verse claramente afectado en sus rentabilidades», con un «agravio comparativo» respecto a sus competidores, y «eso los mercados lo toman en cuenta».

Estrategia compradora

Por otra parte, Escotet asegura que la entidad sigue «viendo todo tipo de posibilidades» para adquisiciones: «No vemos ningún motivo para cambiar la estrategia, por el contrario, ahora más que nunca, será necesaria».

«La revisión de oportunidades inorgánicas está en nuestras prioridades y lo seguiremos intentando», insiste porque es una estrategia que «ha demostrado ser ganadora».

«En ambientes de alta inflación, el sector bancario no se escapa a las presiones en su estructura de costes que vamos a sufrir todas las empresas, y hay que buscar por la vía de la escala, bien por el crecimiento orgánico o inorgánico, tratar de generar mayor volumen para ser más competitivo», razona.

Recuerda que la actual estrategia de la entidad le ha llevado a «recuperar, e incluso batir, cuotas de mercado de los mejores momentos de las cajas gallegas».

Las previsiones para 2022 y 2023 son de crecimiento del PIB: «Ojalá no tengamos una situación recesiva, porque con la ralentización va a ser más difícil crecer orgánicamente».

«El interés en Portugal continúa», porque es «un país donde estamos desarrollando un negocio muy interesante y creciendo a doble dígito», subraya Escotet.

Sobre la exclusión financiera, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, asegura que ya se han implantado cajeros «en casi todos los municipios gallegos» del ámbito rural. Abanca mantiene 141 oficinas en municipios en donde es la única entidad. Cifra en «un 99,8%» la tasa de gallegos que tienen un punto de acceso bancario, y una cobertura bancaria en un 95,8% de los municipios gallegos, «cuando esta cifra en el resto del territorio nacional está en el 46%».

Crecimiento del 14,3%

Abanca obtuvo al cierre del segundo trimestre un resultado de 104,3 millones, lo que supone un crecimiento del 14,3% pese a «la volatilidad y enorme incertidumbre» en el mercado, destaca Escotet.

El volumen de negocio crece en más de 6.800 millones (+6,6% interanual) hasta superar los 110.000 millones.

Además, Abanca resalta que se mantiene entre las entidades más saneadas del sistema, con una cobertura de activos dudosos del 82,9%. La ratio de capital total se sitúa en el 16,4%, de forma que supera ampliamente los requisitos regulatorios gracias a un exceso de 1.440 millones de CET1.

Paralelamente, concedió más de 1.500 millones de crédito a pymes y autónomos en el primer semestre, de modo que supera en un 35% los ritmos previos a la pandemia.