He ido marcando palitos en un papel como lo hacen los presos en las paredes del calabozo. Cada rasgo corresponde a una persona, un gremio, un colectivo o una organización que pide ayudas públicas al Gobierno, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, al Defensor del Pueblo… a todo aquello que disponga de dinero del común. Los palitos llegaron pronto al centenar, me aburrí y dejé de pintarlos.

No hay medida adoptada por una administración (con mayor o menor acierto; con mayor o menor oportunidad; con mayor o menor necesidad) que no genere una demanda de ayuda por parte de los afectados, que siempre se consideran perjudicados. Se agarran al primer becario despistado de cualquier medio de información para protestar por lo que tal disposición les exige y en demanda de dinero para resarcirlos de las insoportables pérdidas y quebrantos que se les ocasiona o por los gastos en que deben incurrir para cumplir la norma. He oído tantas veces lo de que “estamos trabajando a pérdidas” que me produce el mismo efecto devastador que las lágrimas de cocodrilo de los antimilitaristas que se desgarran las vestiduras por no sé que espada, de no sé que espadón de hace dos siglos, a la que al parecer hay que reverenciar.

A este coro de pedigüeños se han unido los afectados por cualquier calamidad, sea meteorológica y, por tanto azarosa o sea causada por la mala gestión de alguien a quien no se menciona, no vaya a ser que… Con estos limosneros cambia un poco la liturgia televisiva. Se une al orfeón de peticionarios una autoridad que se sube al carro de las demandas de ayuda, como si en muchos casos no fueran ellos responsables de esas calamidades por acción o mayormente, por omisión. (En el caso de los incendios forestales y de cultivos, la lenidad y desentendimiento de todas las administraciones es notoria).

Hay tradiciones españolas que, pese a los cambios sociales y el progreso no desaparecen, sino que adoptan nuevas formas. La picaresca como género literario tuvo su momento, pero como práctica está plenamente vigente. Lo mismo podríamos decir de la tradición de los bandidos generosos, que tiende a perpetuarse en cada responsable de una hacienda pública ( y en España tenemos muchas). En otros países y culturas, cuando una administración, con razón o sin ella, decide algo que afecta a los ciudadanos, éstos protestan, se revuelven, pero buscan inmediatamente cómo resolver el problema que se les viene encima. En España no hay calvinistas y de los judíos no digamos nada, que es peor. Aquí no. Aquí se levanta la vista a una cámara de televisión para pedirle mercedes a quien tenga posibles.

El cineasta ingenuo

Un paradigma de lo que digo es el caso de los ERE en Andalucía. Me ha dejado boquiabierto el argumento absolutorio de un director de cine, que un artículo quitaba toda gravedad a la conducta de los condenados porque, lejos de quedarse con el dinero (que se lo digan a alguno de los encartados) lo habían repartido con prodigalidad a 6.000 trabajadores. El cineasta zanjaba de esta forma la cuestión, sin preguntarse si los trabajadores beneficiados por los ERE tenían el mejor derecho a esos dineros; si el reparto de caudales era o no arbitrario o si los que recibieron dinero gozaban de una condición que les hacía diferentes o si todos los que reuniendo los mismo méritos recibían lo mismo. Me pregunto qué plus de ciudadanía y derechos atribuye el director de cine a la condición de trabajador, como merecedora per se de recibir dinero del común.

Compañerismo

Con más enjundia y comprensible compañerismo, Virgilio Zapatero ha escrito estos días sobre los pobres condenados por el caso de los ERE. Aludir ahora a la pena del telediario, para compadecerse de quienes hace once años sufren persecución por la justicia no es propio de tan ilustre catedrático, salvo que lo que pretenda es marcar la línea argumental para posibles recursos de los condenados, imputando a los medios de comunicación de no sé cuantas maldades, incluida, el retraso en la sentencia. A nada que revise la procelosa instrucción, los obstruccionismos legales y menos legales, los retrasos continuos en la vista oral, y demás trabas por parte de las defensas, apelar a la duración del proceso es muy pobre para todo un catedrático y exministro. Otro argumento falaz donde los haya es el referido a la publicación de la resolución del Tribunal Supremo, sin desvelar la totalidad de la sentencia. Bien sabe el ilustre letrado que desde su partido (o el que fuera su partido, que uno ya no sabe) se pidió, se exigió, se presionó para que la sentencia no se publicara durante el periodo electoral en Andalucía, lo que sería tomado como una injerencia del poder judicial en los procesos políticos. Con el fallo adoptado, fue prudente que el Tribunal Supremo evitara todas esas maldades que practicamos los periodistas, aunque los que filtran interesadamente son otros. ¿Habría aguantado la sala correspondiente el secreto de la decisión, máxime cuando no hubo unanimidad.