Decretos y fascículos en ausencia de políticas económicas

17/08/2022

Hernando F. Calleja.

La insulsa política española, su mediocridad, discurren por un año insólitamente difícil sin aportar no ya soluciones creíbles y sostenibles, ni siquiera expectativas de mejora para una ciudadanía que se manifiesta fatalista y despegada de la vida pública, por más que ésta influya en su vida diaria negativamente.

No voy a insinuar que los partidos políticos, anémicos de otra vida que no sean las maniobras para incrustar sus costosísimas estructuras en las de las administraciones en las que tienen mano para poder mantenerlas, deberían ser motores de ideas, fabricantes de expectativas, surtidores de propuestas. Sé que es inútil y sé que renunciaron a ello casi antes de refundarse o de nacer en esta democracia. A lo más que llegan en su acreditada tendencia a conservar posiciones es a parir alguna ocurrencia cuyo enunciado satisfaga a los propios o irrite a los contrarios, pero destinada al olvido inmediato.

Este ocasionalismo de la política actual que no entiende más largo plazo que una legislatura agónica, se ha trasladado también a la economía. Los distintos ciclos económicos han prestado una relativa vivacidad a la gestión de las administraciones, especialmente la del Estado. Con mayor o menor éxito, siempre muy relativo y efímero, diversos gobiernos han tenido que afrontar dificultades para las que no eran suficientes ni las ocurrencias ni los simplismos.

Es cierto que la economía española está tan sometida a la intervención administrativa que los diferentes ejecutivos de distintos gobiernos se han visto obligados a tomar decisiones, algunas importantes, otras trascendentes, otras exigidas desde centros de poder supranacionales. Y es incontrovertible que esas decisiones más que los políticos las han planteado los propios cuerpos de la Administración que trabajan a la sombra de los políticos, facilitándoles a éstos hasta los argumentos para justificarse en el debate público.

Con los años, el impulso reformista de la Transición ha ido dando lugar a un comportamiento inercial de los agentes económicos y a un intervencionismo administrativo más sofisticado y tecnocrático. Si se me permite la expansión lírica, sin alma. (Ese intervencionismo ha empeorado con él fraccionamiento del espacio económico español propiciado por las comunidades autónomas).

Y, henos aquí, en pleno ciclo económico, en parte azaroso, en otra parte, fruto de desequilibrios propios característicos, sin que sepamos ni de parte del Gobierno ni de parte de los partidos de la oposición qué política económica plantean, entendiendo por tal un todo armónico de objetivos de equilibrio macro y microeconómico favorecidos por reformas regulatorias, financieras, laborales, fiscales, administrativas, comerciales, ambientales, tecnológicas, científicas…

Naturalmente, la yuxtaposición de decretazos no es una política económica, sino una sucesión de medidas a salto de mata, algunas inconexas, otras directamente contradictorias, de resultados más que discutibles. Tampoco lo es saltar a la arena política como alternativa de Gobierno esbozando reformas por fascículos, lanzados a conveniencia y con inconsecuencia.

S.M. el fútbol

Ha comenzado la liga de fútbol. Me he molestado en ver qué partidos se jugaron con luz artificial cada semana. En un país con horas de sol para regalar, aquí se juegan partidos nocturnos, que el decreto sobre ahorro energético pasa olímpicamente por alto. Es un ejemplo más de que el fútbol es, sobre todo, una reserva legal, territorio apache. Lo es en las relaciones laborales, lo es en los tejemanejes de los federativos, lo es la especulación inmobiliaria a su socaire, y lo es en la connivencia de los políticos con los del fútbol, mayormente para hacerse propaganda ellos y disfrutar los privilegios los segundos.

Ahí tenemos al inane alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, proponiendo ceder a la sociedad anónima Atlético de Madrid varios cientos de miles de metros cuadrados, que no son suyos, sino que están bajo su ad-mi-nis-tra-ción. Se los cede por un periodo de 75 años, es decir, casi 19 legislaturas municipales.

Del Tó p’al pueblo, al Tó p’al furbo. España, SigloXXI.

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