Calificaba Alfonso Guerra el sistema político imperante en España desde la llegada del sanchismo como una “democratura”. Término este que el que fuera vicepresidente del gobierno socialista con Felipe González, definía como “una democracia que es autoritaria, en la que se vota, pero se toman decisiones que son autoritarias”. Para concluir, en una brillante exposición, que “cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad en decadencia”.

Una sociedad aletargada que permanece imperturbable ante la deriva autoritaria de un gobierno que, ahora sí ha matado a Montesquieu y que ni siquiera es capaz de sonrojarse cuando escucha al presidente del Gobierno afirmar, en tono tan despótico como ultrajante afirmar que “en España la ley se cumple”. Falacia amenazante que Pedro Sánchez utilizó para reprochar a Isabel Díaz Ayuso y al Gobierno de la Comunidad de Madrid su oposición a ese esperpéntico decreto de medidas de ahorro energético acompañado del anuncio de recurrirlo al Tribunal Constitucional

Unas palabras, las del jefe del Ejecutivo que ya nos gustaría y desearíamos que fueran ciertas pero que a la luz de los hechos y los precedentes van a pasar a formar parte de esa larga lista de mentiras e incumplimientos que glosan la trayectoria política y personal del inquilino en La Moncloa.

Un Pedro Sánchez que mintió cuando dijo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno y se acostó con Pablo Iglesias, que reiteró que jamás pactaría con Bildu para blanquearlos después y convertirlos en socios preferentes, y que proclamó aquello de ¿de quién depende la Fiscalía? en un alarde de prepotencia y autoritarismo que fue el inicio del intento de controlar y someter a la Justicia demostrando su desprecio por las instituciones democráticas y la separación de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho.

Ese Pedro Sánchez, que ahora, vulnerando la legislación que regula los indultos y en contra del propio Código Ético del PSOE -recoge que los cargos públicos socialistas se comprometen a no proponer ni apoyar la medida de gracia en casos de corrupción- trabaja ya para preparar la condonación de la pena de cárcel a José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación. Indulto que de producirse sería también un indulto al PSOE, protagonista del mayor caso de corrupción en la España democrática en el que la Junta de Andalucía repartió más de 680 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y para el pago de prejubilaciones sin control.

Aunque detallar todas las violaciones de la legalidad cometidas por Sánchez rebasaría con creces los límites de este artículo no se pueden dejar de mencionar el indulto a los golpistas catalanes, su pasividad ante el incumplimiento de la sentencia sobre el 25% de la enseña del castellano y el resto de tropelías cometidas por la Generalitat, la inconstitucionalidad de los estados de alarma decretados durante la pandemia, su desprecio e inobservancia reiterada de la Ley de Transparencia, su despotismo en el abuso de los decretos leyes -126 desde su llegada a La Moncloa, que superan los registros de todos los gobiernos precedentes- o la dudosa legalidad de sus impuestos populistas a la eléctricas y bancos.

El mismo Sánchez que en mayor de 2015, siendo secretario general del PSOE se comprometió a que todo político corrupto en España debería devolver el dinero respondiendo con su patrimonio busca ahora la fórmula para evitar la entrada en la cárcel de Griñán y otros condenados de los ERE. Y vayan por delante todas mis simpatías y afecto hacia el expresidente andaluz, pero los sentimientos personales no pueden estar por encima del cumplimiento de la ley y menos aun cuando desde el Gobierno se está trasladando a la ciudadanía un alarmante y antidemocrático mensaje sobre la impunidad de los cargos públicos.

Recordar aquí la contundente y profética pregunta que Mariano Rajoy lanzó a José Luis Ábalos, que fue el encargado de defender la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez: “¿Cuándo llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos?”. Evidentemente no. En lugar de cumplir la ley y acatar la sentencia el presidente se dedica a movilizar a sus ministros, incluida esa Nadia Calviño incompetente para solucionar la economía, en una ofensiva de descalificaciones y difamaciones contra Núñez Feijóo como cortina de humo para ocultar el escándalo de los indultos, su incapacidad frente a la escalada inflacionista y ante el negro horizonte económico que se adivina a partir de otoño y a lo largo de un año electoral, en el que todas las encuestas le pintan bastos.

El recurso falaz de un gobierno a la deriva que ahora avanza en su estrategia de involución democrática a lomos de ese proyecto de Ley de Secretos Oficiales mediante el que se pretende ampliar la potestad de ocultar documentos hasta en una veintena de altos cargos, con amenazas de multas millonarias a los medios de comunicación y a sus profesionales y que no es más que un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información al más puro estilo de las dictaduras bananeras de Latinoamérica. Como afirmaba el físico de origen húngaro Edward Teller, huido de las persecuciones de la Alemania de Hitler, “la mejor arma de la dictadura es el secreto”. Pues eso, blanco y en botella.