Lo recuerdan seguro y alguna vez lo habrán canturreado. La muralla es un poema del escritor cubano Nicolás Guillén (Camagüey,1902; La Habana, 1989) que cantaba el grupo chileno Quilapayún y también Ana Belén y Víctor Manuel, allá por los tiempos de la ilusión confusa, el entusiasmo aturdidor y la euforia libertaria de la Transición. Seguro que recuerdan  Tun, tun,/ ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla…

Algún nostálgico de aquellas canciones coreadas en los mítines (alguno quedará, digo yo, aunque sea inconsciente) ha convertido la canción en el leit motiv de la política de estos días, en los que la Ley de memoria democrática y la ley de secretos oficiales, que se llamará como acabe llamándose, muestran muy claramente las intenciones del Gobierno sobre cómo imponer una historia oficial de la Transición que aborrecen, que impida por años el conocimiento de los hechos reales y que hurte a los historiadores de verdad las fuentes prístinas para su trabajo.

La combinación de ambas leyes tiene una intención disimulada  que conviene develar. La Ley de memoria amplía su espectro hasta avanzada la democracia, para alcanzar a los primeros años del mandato de Felipe González. Es evidente que el voto a favor de los sucesores de ETA y del independentismo busca legitimar desde su origen los delitos de la banda armada subrayando que se trataba de legítima defensa ante aquellos espantajos del Batallón Vasco Español (BVE) y del más elaborado engendro del GAL. Los pobres vascos eran masacrados por estas partidas de antidemócratas y ellos, ¡cómo no!, tenían que responder como patriotas, en nombre y representación de todos los vascos, a bomba y metralleta.

También será exigible, por los mismos y por Podemos, Izquierda Unida et alia , conocer y administrar a su antojo todo lo referido al intento de golpe de Estado que conocemos como 23-F, para demostrar que los militares eran los que gobernaban de facto en España entre 1976 y 1982, para acabar de desmontar los mejores momentos de la Transición.

La pieza sincronizada y necesaria de esta patraña institucionalizada por la Ley de memoria, es la ley de secretos oficiales, que introduce la discrecionalidad administrativa en la información reservada por el Estado.

La clave está en el poema de Nicolás Guillén. A la petición de Bildu de conocer las acciones del BVE y del GAL. ¡Abre la muralla!  A la petición de información sobre el ataque indiscriminado en Hipercor y otras atrocidades, ¡Cierra la muralla!. A los intríngulis del  23-F, ¡abre un poco, pero no demasiado, la muralla! A las connivencias de estados europeos y americanos con ETA, ¡cierra la muralla!

Los postulantes de esta memoria sesgada decidirán qué es la verdad histórica hasta 1983, o sea, hasta hace cuarenta años. Y el Gobierno se reserva la información clasificada hasta cincuenta años. Dispondrá, en consecuencia, de diez años en los que puede administrar a conveniencia la información que considere oportuna y evitar así el contraste documental con lo que los memoristas hayan establecido como verdad oficial.

Sé que es mucho pedir a la gente corriente que atienda a estas cuestiones, atenazada como está por las circunstancias adversas que afectan a sus necesidades vitales más perentorias, pero hay en el mundo intelectual y académico una pasividad alarmante, cuando no una militancia cerril, que no invita al optimismo.

Creo que existen todavía una Real Academia de la Historia y una Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Algo tendrían que decir ¿no?