Las eléctricas siguen a vueltas con el déficit tarifario. Tras la congelación de tarifas del pasado mes de octubre decidida por el Gobierno, el cómputo negativo de las compañías eléctricas continúa en aumento y hay un pacto del legislativo con el sector para que dicho déficit se ponga a cero en 2013. Y para conseguirlo, la patronal del sector, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), ha propuesto que a principios de 2012  se incremente un 25% la parte de la tarifa que regula la Administración a través de la Comisión Nacional de la Energía, al margen de las subidas que pueda haber a lo largo del año del precio de la electricidad en los mercados internacionales, según ha asegurado el presidente de la patronal, Eduardo Montes.

Seis días después de que el Gobierno aprobara el Plan de Energías Renovables 2011/2020, desde Unesa se explica que se trata de un plan pensado para una época de expansión económica, con aumentos de la demanda eléctrica media del 2,5%, cuando la realidad es que en este mismo ejercicio dicho incremento de la demanda será del 0,8% y con unas “primas muy costosas a las tecnologías renovables aún muy inmaduras”, según calificó Montes.

Frente a este plan, y a la espera de que el nuevo Gobierno se constituya (ya ha habido “contactos informales” con representantes del PP), la patronal eléctrica propone que se fije una moratoria para la energía termoeléctrica y fotovotaica de tres años (2013), con el fin de sustituir los proyectos de generación de electricidad por este tipo de energía ahora paralizados por una “capacidad eólica equivalente”, dado que faltan todavía unos cuantos años para que la energía fotovoltaica comience a ser rentable, y muchos más para que la termosolar cuente con una tecnología madura con la que producir electricidad a un coste que sea rentable.

La apuesta del actual Gobierno por estas energías están produciendo, además, un mayor coste a través de primas, lo que repercute también en el déficit tarifario, y si en su día ocurrió con la eólica a se está empezando a iniciar el mismo proceso con la energía solar, con costes que deberían redirigirse hacia proyectos de I+D hasta que empiecen a estar más maduros.

Según los cálculos de la patronal eléctrica, la moratoria que piden de tres años para estas dos energías renovables supondría un ahorro de 8.300 millones de euros en primas. Esta moratoria significaría que se dejen de producir 2.500 MW (megavatios) de energía termosolar (prerregistrados en la asignación), y otros 1.500 MW de fotovoltaica. Dichos cálculos prevén un coste de 290 euros por megavatio hora (Mwh) de energía termosolar de prima, frente a los 30 euros de prima que tiene la energía eólica.

Ante estos datos, Montes considera que el PER debería partir de unos planteamientos “conservadores”, y no volver a caer “en el error de primas tan costosas como las dadas a la energía fotovoltaica”. Y dentro de estos planteamientos conservadores, pide que los cálculos se hagan partiendo de un crecimiento de la demanda del 1% anual hasta 2020, apostando por las energías ya “maduras” como la eólica. El plan tan expansivo aprobado el 11 de noviembre por el Gobierno puede provocar, ante la falta de demanda prevista, el cierre de centrales eléctricas.

Asimismo, Montes aseguró que “velamos porque el cliente pague lo menos posible”, por este movito Unesa insiste en esa moratoria y esperar a ver qué ocurre en dos o tres años, porque según el plan del Gobierno el 80% de toda la energía termosolar prevista en el mundo se generaría en España. “Pido realismo y que el mix energético cumpla los objetivos de competitividad, seguridad en el suministro y emisiones de CO2”, afirmó Montes, quien afirmó que las propuestas electorales sobre política energética tanto del PP como del PSOE “no concretan nada”.

Por último, sobre las emisiones de CO2, Montes dijo que si se quieren menos emisiones cada español debe pagar por el “aire puro”, recordando que somos 45 millones de españoles los que consumimos electricidad, por lo que el esfuerzo debe gravitar sobre el total de la población.