La Fiscalía ha abogado por una regulación «más rigurosa» de las llamadas «puertas giratorias» y de los «lobbies» y por una «mejora» de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales, así como de los sistemas de contratación pública.

Así consta en el apartado de propuestas de reformas legislativas de la Memoria de la Fiscalía de 2021, que ha sido presentada este miércoles en el Tribunal Supremo durante la apertura del año judicial.

El Ministerio Público ha insistido en la necesidad de «seguir profundizando en las políticas preventivas relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público».

Ha asegurado que «el diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados». «Solo falta que nuestros responsables políticos se pongan a trabajar decididamente en esta dirección, como ya decíamos en la Memoria del año anterior», ha subrayado el departamento ahora dirigido por Álvaro García Ortiz.

Para la Fiscalía, es oportuno continuar apostando por «el refuerzo de la meritocracia», así como por la «generalización del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores públicos», tal y como «vienen advirtiendo hace años distintos organismos e instituciones que recuerdan que sigue existiendo una amplia brecha entre la legislación y su implementación en la práctica».